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Controversia en los countries: cómo se debe proceder ante la llegada de un vecino judicialmente expuesto

El reciente caso de Lázaro Báez volvió a sacar a la luz un tema incómodo para los vecinos de los countries, que también fue noticia en los últimos meses en los barrios privados de la zona.

El pasado lunes, el Tribunal Oral Federal N°4 determinó otorgarle la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, tras 4 años y 5 meses detenido en el penal de Ezeiza. Sin embargo, cuando el empresario kirchnerista intentó ingresar al country Ayres del Pilar fue rechazado por los vecinos, quienes reaccionaron con piedrazos y huevazos impidiendo su ingreso al country.

Este episodio tomó tal trascendencia que no tardó en generar diversas opiniones acerca de cómo deben actuar las autoridades de los countries y sus propietarios ante la llegada de un vecino “indeseable” para toda la comunidad.

En los últimos meses en la zona de Canning ya se había generado una gran controversia por la llegada de Rodrigo Eguillor a Solar del Bosque y el repudio de todos los miembros del country. Posteriormente el caso de la madre a la cual no dejaban ingresar a el country El Lauquen a visitar a sus hijos por la cuarentena, dio vuelta la perspectiva de la comunidad.

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Con este panorama general, Diario Canning dialogó con Sergio Bonzo -abogado especialista en barrios privados- quién aportó su mirada jurídica sobre el tema y abrió la puerta al debate en lo scountries: “Si bien es cierto que en los barrios privados el derecho de propiedad tiene plena vigencia, también existen normas internas de la urbanización que rigen la vida de ella y sus vecinos. Estas normas tienen aplicación porque al comprar el vecino acepta todos los reglamentos internos del country, así como también se les solicitan los antecedentes penales”.

“Allí surgen disposiciones variadas e inclusive atribuciones a los directorios como exigir antecedentes penales, que pueden determinar el no ingreso a personas que puede originar problemas que afecten la calidad de vida en el country. Aplican famosa bolilla negra para el aspirante a ingresar que aún existe en varios barrios”, añadió el abogado.

También se refirió a los casos específicos de Báez y Eguillor, repudiados por los vecinos de ambos countries. “En el caso de Báez entiendo que es un propietario y si hay una orden judicial de ingreso obligatorio deberán respetarla. Puede que, ante una persona procesada en cuestiones muy públicas, el barrio haya tomado alguna resolución interna al respecto como hizo Solar del Bosque con Eguillor”, contó.

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Juan Ballardín, administrador de Campos de Echeverría y Los Naranjos, dio su punto de vista sobre la situación mostrándose a favor de las resoluciones judiciales emitidas y no tanto de los reglamentos internos de los countries: “Las normas que permiten el ingreso a los countries tienen cierto atisbo de discriminación porque en principio toda persona que no está en la cárcel puede estar en cualquier parte”.

“Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, si una persona no tiene causa no tiene por qué ser condenada socialmente. El límite es cómo va actuar esa persona dentro del country y que deberá cumplir el reglamento interno”, señaló Ballardín, al tiempo que agregó: “Obviamente que si esa persona tiene prisión domiciliaria es un caso especial, pero después también hay una realidad que hay un sometimiento a la aceptación de la gente. Si te hacen una manifestación en la puerta del country para impedirte entrar, la persona no estará tranquila salvo que sea un propietario que hará valer sus derechos de estar allí. Aceptamos las normas pero no la discriminación”.

Por otro lado, Leonardo Gomila, presidente de Echeverría del Lago, reconoció que si bien cuentan con derecho de admisión no es aplicable por hechos menores. Sin embargo, aseguró que, pese a “no poder prohibirle la entrada a ningún propietario sin sentencia firme” siempre actúan en base de lo solicitado por la mayoría de la comunidad conutrista.

“Nuestra administración siempre se maneja por código de convivencia y charla con los vecinos. Si ellos deciden manifestarse y no dejar entrar a un propietario, nosotros no podemos obligarlos a retirarse porque ya es un problema que nos excede”, afirmó y continuó: “Legalmente no podemos prohibirle la entrada a nadie que no esté cumpliendo condena, pero si los vecinos hacen una asamblea y deciden la expulsión, tendremos que estar del lado de ellos y proceder a ver si corresponde legalmente o no en la normativa de los countries”, concluyó.

Marcelo Pane, presidente de Los Rosales, sostuvo: “Si el vecino se junta en forma espontánea para protestar contra la llegada de otro, lo primero que haríamos es hablar con nuestro estudio de abogados para asesorarnos sobre cómo proceder. Aunque en mi caso, me sumaría a la protesta porque queremos un barrio con vecinos con currículum y no prontuarios”.

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