Pidieron el juicio político al juez de Casación Penal bonaerense Víctor Violini, luego de la polémica por la decisión de otorgar prisión domiciliaria a presos para evitar contagios de COVID-19, entre los que se encontraban un hombre que estaba acusado de violar a su vecina de 13 años en Burzaco.
El mismo fue presentado ayer de manera formal por la ONG "Usina de Justicia", que acusa al magistrado de "incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo" y pide su remoción del cargo.
Según el petitorio, que lleva las firmas del abogado de la entidad, Fernando Soto, y de su presidenta, Diana Cohen Agrest, el juez Violini ha cometido varios errores en su resolución del Hábeas Corpus Colectivo que emitió el 10 de abril de este año, ante el pedido de un grupo de Defensores Oficiales por la pandemia del coronavirus.
Entre los motivos que llevaron a pedir el juicio político, se encuentra el que el petitorio de Hábeas Corpus se realizó "ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia", sino que "fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal" pese a que "el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio".
Los denunciantes explica que "los jueces competentes para resolver el amparo presentado y decidido por el Magistrado ahora denunciado, son los Sres. Jueces de Primera Instancia y los Tribunales Orales", y que Violini al haber intervenido incumplió "las reglas de competencia establecidas en la ley orgánica del Poder judicial y en las demás leyes".
"Los jueces naturales de la causa se encuentran en mejores condiciones para conocer las circunstancias concretas de cada detenido que un solo juez que, además decidió de manera unipersonal y de modo genérico y abstracto. Los jueces naturales cuentan no sólo con amplia información de la situación procesal, personal y sanitaria de los privados de libertad, sino también de lo que expresaron y deberán expresar las víctimas en cada uno de los respectivos procesos", dicen en el escrito.
Por otro lado, el petitorio dice que Violini otorgó el arresto domiciliario "a un número indeterminado de personas", sin establecer claramente cuáles serían los criterios para que los detenidos sean considerados dentro del Hábeas Corpus y puedan recibir la prisión domiciliaria.
Además, según la ONG denunciante, esta medida no sólo se extendió a todas las personas que figuran actualmente en el listado de detenidos con vulnerabilidad al coronavirus confeccionado por el Poder Ejecutivo de la provincia actualmente, sino que se puede extender a los detenidos que en un futuro sean incorporados al mismo.
"Entendemos que el temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia al saltar por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando de ese modo también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno", expresaron en el escrito.
