Los barrios privados de Canning que financian la construcción de la nueva bajada de la Autopista Presidente Perón hacia la Ruta 52 formalizaron un reclamo para que la inversión que realizan los vecinos sea compensada a través de impuestos y tasas. La presentación será canalizada a través de ADUES, la entidad que nuclea a los countries de la región, ante el Municipio de Ezeiza y las autoridades del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón.
Vecinos de Canning piden una compensación en impuestos tras pagar la bajada de la autopista
Los vecinos de los barrios de Canning que pagan la obra de la bajada de la Autopista Presidente Perón a la Ruta 52 reclaman que se les reconozca en impuestos. Adues canalizará el pedido.
14 de agosto de 2026 - 15:48
El planteo se produce en medio del malestar de propietarios de los countries por tener que afrontar a través de sus expensas el costo de una infraestructura vial de uso público. Son nueve los barrios involucrados: Terralagos, La Providencia, Fincas del Alba, Lares, Las Victorias, Lomas de Canning, San Roque, San Felipe y San Simón.
La nueva conexión busca vincular directamente la Autopista Presidente Perón con la Ruta 52 y mejorar la accesibilidad al corredor verde de Canning. La obra es financiada en su totalidad con aportes privados, mientras que el Municipio de Ezeiza interviene en la gestión de las autorizaciones y la supervisión de los trabajos.
Ahora, los countries buscan que el Estado reconozca económicamente ese desembolso.
El reclamo para recuperar la inversión
El principal pedido consiste en la creación de un mecanismo de "crédito fiscal" que permita computar lo que aporta cada propietario para financiar la obra y descontarlo de obligaciones tributarias futuras.
En concreto, ADUES propone que la inversión certificada correspondiente a cada lote sea deducida en un 100% del Impuesto Inmobiliario provincial que cobra ARBA y de la Tasa por Servicios Generales (TSG) del Municipio de Ezeiza, hasta alcanzar el monto total desembolsado por cada vecino.
Se trata de una "compensación cruzada de tasas": la intención es que cada peso aportado para la bajada se transforme en un crédito fiscal y que los vecinos queden exceptuados de esos pagos hasta recuperar su inversión.
Para avanzar con ese esquema, los representantes de los barrios solicitarán la apertura de una mesa de negociación en la que participen el Consorcio de Gestión de la autopista, ARBA, el Ejecutivo municipal de Ezeiza y los representantes legales de las urbanizaciones.
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Una obra de US$2,6 millones pagada mediante las expensas
De acuerdo con ADUES, el costo total de la intervención asciende a US$2,6 millones e incluye la construcción de la bajada oficial, pavimentación, luminarias y obras hidráulicas complementarias. El monto es afrontado mediante cuotas extraordinarias incorporadas a las expensas de los propietarios.
El argumento central del reclamo es que, aunque los fondos provengan de los countries, la infraestructura resultante será pública y podrá ser utilizada por todos los automovilistas, no solamente por quienes viven en las urbanizaciones que la financiaron.
La obra surgió como respuesta a un problema de conectividad que se profundizó en el último año. Según reconstruye la presentación, ante la falta de una conexión terminada entre ambas rutas los automovilistas comenzaron a utilizar un acceso informal de tierra, que posteriormente fue clausurado por el Municipio en agosto de 2025.
El argumento de ADUES: una obra que debería financiar el Estado
En su presentación, los representantes de los barrios sostendrán que existe una situación de "enriquecimiento sin causa", debido a que el Estado incorporará a la infraestructura pública una obra valuada en US$2,6 millones sin haber afrontado su costo.
ADUES fundamenta ese planteo en el artículo 1794 del Código Civil y Comercial y sostiene que existe, por un lado, un desembolso económico de los propietarios y, por otro, la incorporación al dominio público de una infraestructura financiada por privados. También plantea una analogía con una "contribución por mejoras inversa": en lugar de que el Estado ejecute una obra y cobre al propietario beneficiado, en este caso son los privados quienes financian una mejora de carácter público y por eso reclaman una compensación.
Además del reintegro mediante impuestos, los countries incorporarán otro punto al reclamo: que una vez inaugurada la bajada sean la Provincia y el Municipio quienes asuman de manera exclusiva los gastos futuros de mantenimiento técnico, repavimentación, seguridad vial e iluminación, sin nuevos costos para los consorcios privados.
Con la presentación, los nueve barrios buscarán trasladar formalmente a las autoridades un reclamo de los propietarios: que el costo extraordinario que están afrontando para concretar la conexión vial tenga algún mecanismo de devolución y que, una vez terminada, el sostenimiento de la nueva infraestructura quede definitivamente a cargo del Estado.
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