Pidieron intervención judicial al consorcio de El Venado

Un grupo de vecinos del country El Venado presentó esta semana una medida cautelar para que la justicia intervenga al Consorcio de Propietarios del Country para que se designe un interventor administrador "hasta tanto una Asamblea Judicial realice elecciones y designe a los nuevos integrantes del Consejo de Administración conforme al Reglamento de Copropiedad”. Así fue presentado por los abogados de un grupo de vecinos que pide la remoción de los quince integrantes del Consejo actual. Según el Expediente 022492/2016, que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en Civil 109, se solicita como medida cautelar la remoción de los quince integrantes del conejo de administración actual. En la presentación, se cita como argumento principal que la comisión está incapacitada para cumplir con el art. 2048 del Código Civil y Comercial de la Nación.  En ese sentido, la denuncia argumenta que "disidencias dentro del Consejo y renuncias de algunos integrantes no oficializadas provocan que no se pueda cumplir con el procedimiento que la ley reclama para promover ejecuciones” del cobro de expensas. Además, relata que esto queda en evidencia "con once demandas por expensas iniciadas por el consorcio que han quedado perimidas por declararse la caducidad de instancia. La actual administración fue validada en asamblea de propietarios, pero su mandato venció el 31 de julio de 2015. Desde entonces no se eligieron autoridades y por esa razón la presentación la califica como "de facto”. El cobro de expensas viene siendo una complicación para la actual administración, que como consorcio constituido venció en noviembre de 2015. Según indican también en la denuncia, "como la imposibilidad de reclamar deudas por expensas es vox populi entre los vecinos, muchos han optado por aprovecharse de la situación y dejar de pagarlas”. Según pudo saber Diario Canning, actualmente los deudores de expensas son 56 y representarían un total aproximado de $1.350.000. Además, se estima que otros 33 deudores en estado judicial, lo que representaría otros $6.600.000. El único final posible: la asambleaAl consultarle sobre el caso, un importante estudio de abogados de Canning explicó que la justicia no podrá hacer lugar al pedido de intervención judicial al estar en trámite la apelación a la suspensión de la asamblea convocada en julio de 2015. Según precisaron, la asamblea que debía definir las autoridades en 2015 fue llamada a cuarto intermedio y posteriormente suspendida. La primera presentación judicial para regular la situación del consorcio pidió que se reabra esa asamblea y en este caso la justicia sí hizo lugar al pedido de los vecinos y pidió que se convoque a una nueva asamblea. Previo, entonces, al pedido de intervención, desde el country habrían apelado esta decisión por lo que primero deberá definirse la situación de la asamblea ya abierta en junio de 2015, para luego hacer lugar o no a una intervención judicial con el nombramiento de un interventor que haga el llamamiento. De todas maneras, explicaron que el final del litigio tiene un único destino: el llamado a asamblea. A pesar de los tiempos de la justicia, tarde o temprano el consorcio de El Venado deberá ser rearmado con gente nueva y el marco jurídico que le dé la autoridad para regularizar, fundamentalmente, la ejecución de expensas.