COUNTRIES - SOCIEDAD

La inseguridad desde puertas adentro

La semana pasada, fue asaltada la casa del Intendente de La Plata, Julio Garro, en el country Grand Bell. El principal sospechoso de haber facilitado el ataque es su vecino, un policía retirado inquilino del country, quien autorizó el ingreso de los delincuentes. La modalidad no es nueva, y genera interrogantes: ¿a quién permitimos alquilar?
sábado, 05 de marzo de 2016 · 20:48

La modalidad bajó la que fue perpretado el asalto a la familia del nóvel Intendente de La Plata dista de ser nueva. Delincuentes que se hacen pasar por inquilinos, rentan una casa dentro de un country seleccionado en base al perfil de sus habitantes, y desde allí realizan las tareas de observación y logística necesarias para luego llevar adelante el golpe, asistidos por cómplices a quienes autorizan a ingresar, y que luego se retiran sin ningún inconveniente.

Pero aunque diste de ser nueva, se mantiene vigente, y pone en alarma a un sistema de seguridad que invierte cada vez más en cercos electrificados, sensores antisísmicos, cámaras térmicas y toda una serie de equipamientos destinados a proteger a los habitantes del country contra el posible ataque "del de afuera”, pero que queda indefenso cuando los que atacan son "los de adentro”.

La casa del intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, en un country de la localidad de City Bell, fue asaltada por delincuentes armados que maniataron a su esposa y a sus cuatro hijas menores. Los ladrones robaron unos 25.000 pesos en efectivo, tres tablets de las hijas del intendente y algunas joyas que tenía su esposa. Hasta allí, de no ser por el carácter público de la víctima, el asalto sufrido por el jefe comunal no se diferenciaba de otros ocurridos en countries y barrios con seguridad privada. Habitualmente, en la investigación posterior al hecho, se termina detectando alguna brecha en los sistemas de seguridad –o la connivencia de los vigiladores- que explican cómo pudieron ser atacadas propiedades inmersas en un sistema destinado a evitar que ello suceda.
Sin embargo, a las pocas horas de ocurrido el asalto al Intendente, la investigación mostró un dato que alejó las hipótesis habituales. En las filmaciones de las cámaras de seguridad del country, se ve claramente que el grupo de delincuentes armados ingresa caminando hasta la casa de las víctimas, para luego de cometido el hecho retirarse a bordo de una camioneta Mercedes-Benz negra, que vuelve a ingresar al country minutos después de sacar a los asaltantes.

Rapidamente, la Policía detuvo al propietario de la camioneta: se trataba de un ex policía exonerado de la Fuerza, identifIcado como Patricio Másana, quien alquilaba la casa lindera a la del jefe de la comuna de La Plata. El habría sido quien, en su condición de vecino, se habría encargado de diagramar la logística del golpe, así como también de autorizar el ingreso y facilitar el egreso de los asaltantes.

Si bien aún no se descartó que se haya tratado de un ataque intencionado, relacionado con la actividad política del funcionario del PRO recientemente electo, existe también la hipótesis de que el ex uniformado podría ser parte de una banda criminal que, bajo el mismo modus operandi, podría haber sido responsable de otros asaltos ocurridos dentro del country Grand Bell. Cuando se allanó la casa de Másana, secuestraron en la casa del policía bonaerense detenido como cómplice del hecho dos pistolas, metanfetaminas, cristales de cocaína, diez mil quinientos dólares en efectivo, más de cien mil pesos y hasta una máquina de contar billetes.

El country Grand Belle, ubicado en la intersección de las calles 467 y 144, en la localidad de City Bell, es reconocido por el alto perfil de exposición de algunos de sus vecinos. Además del Intendente de La Plata, allí también viven el ex Secretario de Medios José "Pepe” Albistur, el diputado Raúl Pérez, el gerente general de la Ceamse Isidoro Bonicatto; el ex diputado provincial denarvaista y ex fiscal de Estado adjunto de la provincia, Fernando Rozas; y el ex subsecretario de Desarrollo y Fomento Provincial del Ministerio del Interior y ex interventor del PAMI de Luján, Luis "Luigi” Barbier.
Entre los deportistas, para envidia de muchos planteles de fútbol intercountry, viven allí los ex futbolistas Rolando Cristante, Raúl Cascini, Rubén "Mago" Capria, Sebastián "Chirola" Romero, Luciano Galletti, Enzo Pérez y los mellizos Barros Schelotto.
Justamente, en el pasado Octubre, la víctima había sido el flamante DT de Boca, Gustavo Barros Schelotto, a quien le sustrajeron dinero en efectivo y otros objetos de valor mientras su familia estaba fuera. El mismo mes, asaltaron la casa de un consultor de empresas que vive allí.

Un año antes, otras dos casas habían sido desvalijadas, una de ellas perteneciente a la ex esposa de otro furbolista, el ex arquero de Gimnasia y del seleccionado nacional Hernán Cristante.

La sucesión de casos, sumado a la desconcertante evidencia hallada en la casa alquilada, hizo sospechar a los investigadores que este último asalto –el cual tuvo trascendencia no sólo por tratarse del Intendente, sino también por la violencia que sufrió su familia- sea, junto a los demás, obra de una banda dirigida por el ex policía bonaerense detenido. El alquiler de la vivienda, por el que abonaba cerca de $30.000 pesos mensuales, habría sido la puerta de entrada a un country repleto de potenciales víctimas de alto perfil de exposición.

La metodología es bien conocida en el ámbito de los countries y barrios privados de la Provincia, si bien en los últimos años no se habían reportado casos. Quizás el más resonante haya sido el ocurrido en Nordelta, en el 2013, por el que se detuvo a Fernando Nasif Salum, hijo de un conocido empresario que posee locutorios y oficinas de giros postales en ese partido del Norte del Conurbano bonaerense. Nasif alquilaba un departamento en el barrio Portezuelo, consiguiendo así acceso a la ciudad-pueblo para él y sus cómplices, quienes realizaban verdaderos raides delictivos entre los distintos barrios que forman el complejo.

El problema es complejo de desarticular, y parte de la solución se encuentra quizás en algún punto de un delicado equilibrio; que incluye la capacidad de la administración –o de la inmobiliaria- de registrar los datos de los inquilinos y llevar un adecuado control de las visitas; evitando caer en posturas xenófobas y sectarias que actúen en detrimento de la libertad de un propietario de alquilar su casa, o de un inquilino de formar parte de la comunidad de un country sin tener que comprarla.

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