MASACRE EN USA

Orlando: El atacante era guardia de seguridad de un country

Omar Mateen, el autor del homicidio de 49 personas en un bar gay de la Florida, trabajaba como guardia de seguridad en un country de Orlando. Había sido rechazado de la policía y ya había sido investigado por extremismo.
sábado, 18 de junio de 2016 · 00:00

Esta semana, el mundo entero volvió a entrar en estado de shock ante un nuevo ataque masivo contra la población civil, perpetrado por un atacante solitario leal a la agrupación terrorista ISIS. Armado con un rifle de asalto AR-15, el estadounidense descendiente de afganos Omar Mateen abrió fuego en el boliche gay Pulse, matando a 49 personas antes de ser abatido por la policía, en lo que se convirtió en el mayor ataque en territorio norteamericano desde el 9-11.

Tras divulgarse la identidad de Mateen, salieron a la luz diversos datos que reconstruyen el perfil del atacante. Principalmente, el hecho de que el arma había sido adquirida de manera legal –reabriendo un debate siempre vigente en los Estados Unidos-, y dos datos puntuales: que había sido rechazado en su intento de unirse a la policía de la Florida, y que ya había estado en el radar del FBI por sus conexiones con el extremismo islámico.

Otro dato que tuvo particular resonancia es que el hombre de 29 años de edad había trabajado como guardia de seguridad en un barrio privado de la localidad de St. Lucille, cercana a Orlando. Una vez conocidos los detalles del hecho, cientos de residentes del PGA Village se convocaron en la sede del gobierno local para manifestarse en contra de la compañía de seguridad –la británica GS4- y para reclamar un control más estricto sobre el historial del personal contratado para la vigilancia en las "gated communities”, el equivalente norteamericano a un barrio privado.

"Lo más importante ahora es intentar hacer un control de daños”, manifestó Tom Lesko, uno de los propietarios del PGA Village. "El hecho de que haya sido contratado y haya estado trabajando en la seguridad de nuestro barrio a pesar de haber sido investigado por el FBI y de haber sido echado de la policía levantó una alarma entre muchos de los residentes”, agregó.

De parte de la compañía de seguridad, explicaron que se había sometido a Omar Mateen a un chequeo de antecedentes al momento de ser contratado por primera vez, en el 2007. En aquella ocasión, según indicaron, no encontraron nada que le impidiese tomar el trabajo. Su aplicación rechazada de la policía fue tenida en cuenta no como un factor desfavorable, ya que no constaba en ella que el rechazo haya sido a causa de algún hallazgo de parte del gobierno.

"Que la compañía diga que está tan sorprendida como nosotros, no significa un alivio sino todo lo contrario”, expresó Lesko. La mayoría de los vecinos, que conocían bien a Mateen, no dudaron en describirlo como un hombre amable y respetuoso. Sus compañeros, sin embargo, ya habían expresado quejas respecto a los comentarios xenófobos y las amenazas de quien terminaría cometiendo una de las mayores masacres de la historia de los Estados Unidos.

 

EL MARCO LEGAL ARGENTINO

El caso del atacante de Orlando despertó alarma entre los residentes de barrios privados de los Estados Unidos respecto a la idoneidad de quienes trabajan como guardias de seguridad contratados por compañías privadas. La legislación norteamericana no es clara al respecto, y el hecho de que Omar Mateen haya pasado los filtros de contratación de la empresa G4S y haya sido puesto a trabajar –aún con el antecedente de haber sido rechazado en su aplicación para formar parte de la policía y habiendo sido sujeto de investigaciones de parte del FBI por sus vínculos con el extremismo islámico- encendió el debate.

En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 12.297 de Seguridad Privada dicta en su tercer capítulo una serie de condiciones que inhabilitan a la contratación. Se cuentan entre ellas el haber sido excluidos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia; quienes hayan sido indultados o estén involucrados en hechos que constituyan una violación a los derechos humanos; Quienes posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o culposos relacionados con el ejercicio de la función de seguridad, así como también al personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia. 

 

 

 

 

 

 


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