HOMBRES DE LEY

¿Qué debemos hacer frente a los aumentos de la luz?

Hablamos con el Doctor, Lahuen Balbas, sobre el aumento de la tarifa eléctrica. ¿Qué debemos hacer?
viernes, 04 de marzo de 2016 · 12:51

El eslabón más débil en la cadena entre Consumidor y Proveedor, es sin ningún lugar a duda el primero, por ello existen normas que tiene por fin equilibrar las fuerzas entre ambos. En nuestro país, la Constitución Nacional en su Artículo 42 establece las bases para proteger al consumidor de los abusos que puedan suceder en la relación de consumo obligando a las autoridades a velar por el respeto de nuestros derechos mediante la creación de sistemas eficaces para ser oídos y resolver conflictos.  En tal sentido, con base en dicho artículo, fue sancionada la ley 24.240 (Ley de Defensa del consumidor), la cual regula aspectos generales en las relaciones de consumo, otorgando derechos a los consumidores e imponiendo obligaciones a los proveedores de bienes y servicios. Dicha norma es importante, porque es de Orden Público, es decir no puede ser dejada de lado y su aplicación es obligatoria por más que un contrato u otra norma la contradiga.

                Esta ley, establece por ejemplo que en caso de duda debe resolverse en favor del consumidor (Art. 3); que los consumidores tenemos derecho: a información clara, detallada y veraz (Art.4); a no sufrir daños en nuestra salud o bienes por la prestación de un servicio (Art. 5 y 6); a gozar de una garantía mínima de 6 meses por los bienes durables que compramos (Art. 11);  a reclamar por deficiencias y cobros indebidos en la prestación de servicios públicos y tener respuesta en un plazo razonable (Art. 25 a 31); a la gratuidad en los reclamos (Art. 53). Sin embargo cabe preguntarse, ¿Qué puede hacer el usuario de servicios públicos para impugnar los aumentos en la prestación de los mismos?. La respuesta no es sencilla, dado que la Ley nos brinda herramientas para impugnar los errores cometidos por las Empresas debido a la interrupción o mala prestación del servicio público e incluso sobre la facturación del mismo cuando se nos imputa un consumo excesivo en comparación con el promedio de los últimos dos años de igual período (Art. 30 y 31), pero nada dice respecto al aumento de tarifas generalizado que el Estado autoriza.

                En esta situación de aumento de tarifas en la generación, transporte y distribución de la electricidad, el consejo que se da al consumidor es racionalizar el uso de la misma, lo cual está muy bien, pero se olvida una cuestión fundamental que el Estado ha pasado por alto: No se han realizado las audiencias públicas que la ley 24.065 (REGIMEN DE LA ENERGIA ELECTRICA) prevé en su Art. 48, el cual señala que cuando exista un aumento de las tarifas y el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) considere que existen motivos razonables para alegar que la tarifa de un transportista o distribuidor es injusta, convocará a una audiencia pública con no menos de treinta días de anticipación. Luego de celebrada la misma, dictará resolución fijando la tarifa. Así las cosas, la necesidad de audiencia pública previa para fijar el valor de tarifas en la prestación de servicios públicos está determinada por la Constitución Nacional en su Art. 42 al señalar que es necesaria la participación de consumidores y usuarios al momento de tomar decisiones. Por lo expuesto, desde el punto de vista formal pero no por ello menos importante, el Estado ha omitido cumplir con un requisito que marca la Constitución Nacional, nuestra ley suprema. En tal sentido, las asociaciones de consumidores y usuarios han iniciado en la Justica medidas cautelares para frenar los aumentos en las tarifas de luz debido a la omisión de este requisito, sin embargo a la fecha aún no han sido resueltas.

                Ahora bien, mientras tanto, recomiendo a los usuarios que verifiquen si pueden acceder a la tarifa social de luz a fin de no pagar de más. Los requisitos para acceder a la misma están determinados por la Resolución 7/2016 del Ministerio de Energía  y consisten en que el titular del servicio cumpla alguna de estas condiciones: 1) Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional (hasta $8598 mensuales); 2) Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVyM). Hoy el SMVyM se encuentra en $6.060, por lo que la cifra que se tomará como referencia será $12.120; 3) Ser titular de programas sociales 4) Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social; 5) Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239); 6) Estar percibiendo el seguro de desempleo; 7) Contar con certificado de discapacidad. Sin embargo, aunque el titular del servicio cumpla con alguna de estas condiciones, el usuario puede quedar automáticamente descartado del sistema si se encuentra en una o más de las siguientes situaciones: 1) Cruce por padrón de fallecidos; 2) Ser titular de más de un inmueble; 3) Ser titular de un automóvil con menos de 15 años de antigüedad; 4) Ser titular de aeronaves o embarcaciones de lujo.

                Para saber si Ud. está beneficiado con esta tarifa social, puede consultarlo en Edesur/Edenor y sino está incluido en dicho régimen pero entiende que se cumplen las condiciones puede reclamar via internet al Ministerio de Energía completando un sencillo formulario (http://www.minem.gob.ar/formulario).

Comentarios