A diario, losconsumidores se encuentran con una gran cantidad de pautas que cumplir pararealizar una transacción comercial. Por ejemplo, abonar un peso para cargar lasube en un kiosco, no cambiar un producto durante los días de semana, laimposibilidad de ingresar al cine con mercadería comprada fuera del complejo oabonar un adicional si el medio de pago es una tarjeta. Todos conocemos esasreglas. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que esas regulaciones no estáncontempladas por la ley, sino que fueron impuestas por los comerciantes demanera que el consumidor no debe acatarlas.
Cuando una mujer ingresaa un local a comprar algo, muchas veces, el guardia de seguridad le pide que lemuestre el bolso para ver qué lleva adentro. El hombre que lleva uniforme noporta armas, pero cuida que nadie robe nada. Ahora bien, él no sabe que elartículo N°18 de la Constitución Nacional protege los papeles privados, entreotras garantías. Es decir, que nadie está obligado a mostrar qué cosas lleva ensu cartera o mochila.
Si un pasajero sube a untransporte público y la SUBE no funciona, debe viajar gratis. Esta disposiciónaplica para colectivos, trenes y subtes. En esos casos, muchos conductores lespiden a las personas que se bajen o que pidan prestada la tarjeta a otro de lospresentes. Sin embargo, esta práctica es ilegal y así lo informa la páginaoficial que brinda información sobre este servicio.
Tampoco está permitidoque los kioscos cobren un adicional para cargar la SUBE o el celular. Ambasacciones deben ser gratuitas. En Monte Grande, los principales comercios querealizan cargas están ubicados en el centro. Todos ellos cobran uno o dospesos. El consumidor puede alzar la voz y hacer valer su derecho o bien, en elcaso de la SUBE, acudir a la Estación de trenes de la localidad.
Todos aquellos que gustandel cine conocen una norma que rige en todo el país: si quieren compraralimentos, deben hacerlo en el buffet del complejo. De lo contrario, no podrántraer comida o bebidas que hayan comprado en otro sitio o llevarla desde suscasas. A pesar de esto, los consumidores no saben que pueden hacerlo y así ahorrarmucho dinero. No existe ninguna regulación que establezca que la gente no puedeingresar al cine con productos comprados en otro lugar.
Tanto en Capital Federalcomo en la provincia de Buenos Aires, los cambios de ropa se pueden hacercualquier día. "Toda empresa receptora de un pedido de rescisión de servicio enel ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá aceptarla en los mismosdías y horarios de atención al público para ventas, cualquiera sea su modo derescisión, dice la disposición. Pero, como es sabido, muchas tiendas de ropano dejan que sus clientes cambien las prendas durante los viernes y sábados.
Por último, es ilícito elcobro de un adicional para aquellos clientes que abonan en efectivo, en lugarde hacerlo con tarjeta de crédito o débito. La ley no permite que hayadiferencias de pago, en tanto que si los vendedores deciden aplicar undescuento sobre un producto, debe ser para todos los medios de pago.
Una vecina de Monte Grande, quien suelerealizar compras en la localidad emitió su opinión al respecto. Explicó queestos derechos no son respetados porque "la ignorancia de la gente frente a susderechos es muy grande y no se toma el tiempo de reclamar por que lo toma comoalgo cotidiano, una reglamentación implícita. Tampoco existen sancionesdisciplinarias contundentes, por parte de los entes reguladores.
Añadió que en varias oportunidades ellarealizó un reclamo pero que sus palabras no fueron escuchadas. "Me quejé y nome hicieron caso, argumentando que la presión fiscal que reciben los negocioses demasiada, y que el pago con tarjeta de débito no es lo mismo que enefectivo, por ende debía pagar el diferencial equivalente al alícuota del IVA, porpagar con ese medio de pago, mencionó con respecto a los descuentes que seimprimen sobre los productos abonados al contado.
Otra mujer que vive en la localidad,Guillermina Costa, explicó que ella piensa que no se respetan estas medidas yaque "no se divulga información sobre ello. Asegura que para boicotear estasprácticas abusivas, las autoridades gubernamentales deberían "explicarle a la gente cómo hacer para reclamar yproteger sus derechos.
