POLITICA

¿Qué acciones comprenderá la Agencia Federal de Inteligencia?

La presidente de la Nación anunció por cadena nacional la creación de una nueva entidad, la Agencia Federal de Inteligencia, que suplantará la Secretaría de Inteligencia. Funcionará en el ámbito del Poder ejecutivo y requerirá del Senado para su funcionamiento.
martes, 27 de enero de 2015 · 15:17

Tras el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman y los debates acerca del funcionamiento de la Ex-SIDE y de la Secretaría de Inteligencia, la presidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la disolución de esta última entidad y su reemplazo por la nueva Agencia Federal de Inteligencia.

Esta nueva entidad estará enmarcada en el ámbito del Poder Ejecutivo pero necesitará la aprobación del Senado para su funcionamiento. Su Director y Subdirector serán nombrados por el PE y, a su vez, deberán ser aprobados por la cámara alta.

"Hay que comenzar a trabajar por un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino, ya que el existente no ha servido a los intereses nacionales", afirmó Cristina en cadena nacional. Aseguró que el proyecto va a ser enviado al Congreso antes de su viaje a china, siendo que es una "deuda que se tenía desde el inicio de la democracia para con el pueblo".

Las tareas a realizar por parte de esta nueva entidad, según el proyecto, consistirán en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes.

También establece que intervendrán en casos de amenazas internacionales por parte de entidades terroristas o narcotraficantes, sobre el tráfico de armas, la trata de personas, los cyber-delitos y los delitos contra el orden económico y financiero, así como también cualquier otra forma de criminalidad organizada en forma internacional.

Al respecto, determinaron que las actividades de investigación de dicha entidad dependerán de los delitos federales graves o complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional; siendo la Agencia el órgano superior que determinará estas tareas. También estarán a cargo de todas aquellas tareas vinculadas a escuchas que sean solicitadas por los jueces en el marco de alguna causa.

Por otro lado, el Sistema de Observaciones Judiciales, que hasta ahora estaba en el ámbito del Poder Ejecutivo, ser transferido a la jurisdicción de la Procuración del Ministerio Fiscal. Al respecto, la mandataria explicó que decidió "transferir la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal, por una razón muy sencilla: es el único ministerio extrapoder", es decir que no depende de ninguno de los tres poderes del Estado.

Esta nueva ley establece ciertas imposiciones entre la relación de los poderes públicos con la Agencia Federal de Inteligencia. Toda relación o actuación entre la AFI con los funcionarios o empleados de cualquier poder público federal, provincial o local, solamente podrá ser llevada a cabo por el director general o por el subdirector. De esta manera, estas dos autoridades serán las únicas vías de contacto.

En cuanto al ámbito de la protección de datos, crearán bancos de protección y archivos de inteligencia para controlar tanto el ingreso como el egreso de la información perteneciente a la entidad.

El objetivo es garantizar que los datos que no sirvan para los fines establecidos sean destruidos y así garantizar que "la información no sea almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera”.

La nueva legislación también establece las penas para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, con una pena no excarcelable, de 3 a 10 años, a aquellos que intercepten o desvíen ilegalmente las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o de cualquier otro envío de objeto de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos.

Para finalizar, desde la presidencia solicitaron que el proyecto establezca un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia, siendo tratado en una sesión extraordinaria.

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