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Buscan una solución al robo de celulares y el “crimen organizado” que conllevan

Una comisión de fiscales de todo el país se reunió para analizar el problema del “crimen organizado” que hay detrás del robo de celulares en toda Argentina. Según un informe oficial, a diario se cometen más de 6 mil hurtos de teléfonos.
jueves, 23 de abril de 2015 · 13:41

El robo de los teléfonos celulares es uno de los más frecuentes a nivel mundial y Argentina no se salva de este tipo de delitos. Un informe oficial de informe de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal detalló que a nivel nacional se roban, a diario, unos 6 mil teléfonos, ascendiendo a un total que supera los 2 millones de dispositivos al año.

Una vez sustraídos de sus dueños, los dispositivos van a parar a diversas casas "clandestinas” donde los venden como repuesto para los negocios de reparación o terminan publicados en plataformas cibernéticas de venta por internet. No obstante, el robo de los celulares en sí no es el mayor de los problemas, sino la utilización de los números para el secuestro virtual o actividades delictivas.

Para tomar un mayor conocimiento de la problemática y poder buscar una solución, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, formalizó la creación de una comisión de fiscales de todo el país para generar estructuras de combate contra la "criminalidad organizada” de bandas delictivas que utilizan estos dispositivos para cometer actividades ilegales.

La creación de esta comisión fue una iniciativa de la titular de la Dirección de Gestión Operativa de Casos (DiGOC), Cristina Caamaño, tras el análisis del informe de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal. Dicho documento presentó datos y estadísticas relacionados con las investigaciones criminales, junto con estudios de mercados de la telefonía celular y las normativas que rigen a dicho sector.

Al respecto, detallaron que "la medida busca dotar al Ministerio Público Fiscal de estructuras que permitan efectuar una política criminal planificada y estratégica. Esta modalidad delictiva involucra aspectos tanto de competencia federal como local, por lo que el equipo estará integrado por magistrados y magistradas de ambos fueros".

El principal problema planteado por los fiscales fue la complejidad de este mercado, que está lleno de vacíos legislativos y de falta de información. Es por ello que uno de los principales objetivos de la comisión es saber, entre otras cosas, quién provee los chips de teléfonos que se venden en quioscos y en la vía pública; quién controla y abastece la venta de equipos "liberados" ( que son aquellos que aceptan el chip de cualquier compañía); cuál es la situación de los llamados "bolseros", las personas que compran varias líneas y nunca se precisa dónde van esos aparatos o quién los maneja; y cómo pueden hacer la compañías para realizar seguimientos de las líneas en operación.

La comisión realizará una reunión por mes con el objetivo de averiguar "qué hay detrás del robo en la calle, qué esquema de criminalidad opera". Para comenzar, citarán a las empresas prestadoras de servicio de telefonía celular para que expliciten cómo operan en el mercado, como también lo harán con los directivos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

"Por un lado, buscamos la prevención, bajar el índice de robos y hurtos de celulares para que se refleje en menos delito mayor. Otro objetivo es clarificar los métodos de comercialización de los equipos", explicó Caamaño al respecto. "Nosotros hemos pensado que las empresas deberían registrar cada celular, ellos dicen que esto sería muy caro, pero entendemos que en todos estos años han tenido una rentabilidad muy elevada. Hay que charlar ese tema, porque desde 2004, según la ley del sector, los destinatarios de la compra de teléfonos deben estar identificados", detalló.

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