La provincia de Buenos Aires denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a todos los funcionarios nacionales que pudieran tener responsabilidad en el manejo de los fondos destinados a obras hídricas. Así lo anunció el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante la conferencia de prensa de este lunes, en la que cuestionó el presunto incumplimiento de la ley que establece el destino de esos recursos.
Provincia denunciará penalmente a Milei por desfinanciar el Fondo Hídrico ante en el Súper Niño
El gobierno de Axel Kicillof recurrirá a la Justicia por la presunta retención y falta de ejecución de recursos del Fondo Hídrico que deben destinarse a infraestructura.
El reclamo se centra en los retardos en las transferencias y los pagos correspondientes al Fondo Hídrico de Infraestructura, cuyos recursos deben financiar obras para prevenir y mitigar inundaciones. Para la administración de Axel Kicillof, el Gobierno nacional estaría incumpliendo las obligaciones legales vinculadas con la recaudación y la aplicación de esos fondos.
“Retardos en los pagos de los fondos presupuestarios que integran el fondo hídrico y toda acción que viene realizando el Poder Ejecutivo Nacional en el incumplimiento de una ley en relación al destino del fondo hídrico”, agregó Katopodis.
La discusión tiene como eje el Fondo de Infraestructura Hídrica, financiado mediante una parte de los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles. La normativa establece una afectación específica para financiar infraestructura hídrica y obras vinculadas con la prevención de inundaciones.
Según los datos difundidos en agosto, desde la asunción de Milei la recaudación atribuida a ese fondo habría alcanzado los $375.400 millones, mientras que los pagos realizados por el Gobierno nacional habrían sido de unos $116.000 millones. La diferencia es el núcleo del cuestionamiento bonaerense sobre la ejecución de los recursos.
La Provincia sostiene que la falta de transferencias y la paralización de obras comprometen la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos. En ese marco, también reclama que se informe con precisión qué ocurrió con el dinero recaudado y por qué no se aplicó íntegramente al destino previsto por la ley.
La preocupación por el Súper Niño
El planteo judicial adquiere mayor gravedad ante la previsión de un episodio de El Niño de fuerte intensidad, que podría provocar lluvias abundantes y aumentar el riesgo de inundaciones en distintas regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.
“Una parte de esos recursos tienen que ser destinados a obras contra las inundaciones, en el contexto del Súper Niño que tiene una más significativa gravedad”, advirtió Katopodis.
Créditos aprobados y obras frenadas
Durante la conferencia de prensa de esta mañana, Gabriel Katopodis detalló que la Provincia tiene dos créditos internacionales por USD 320 millones pendientes de los avales del Gobierno nacional. Uno, por USD 200 millones, está destinado a obras en las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que beneficiarán a cinco municipios; el otro, por USD 120 millones, corresponde a intervenciones hidráulicas en el nodo Bragado, sobre la cuenca del río Salado, con alcance en 13 distritos bonaerenses.
El ministro también señaló que, al cierre del primer trimestre de 2026, el Fondo Hídrico tenía $339.993 millones corrientes, pero $290.676 millones —el 85,49% del total— estaban destinados a Letras del Tesoro. Según los datos presentados, con esos recursos podrían haberse financiado 40 obras como la adecuación del cauce del río Areco, con una inversión actualizada de $7.583 millones; ocho intervenciones como la reconstrucción del canal Maldonado, en Bahía Blanca, por $35.619 millones; y tres obras como el mejoramiento del tramo medio del río Luján, por $106.349 millones.
Katopodis cuestionó además que, mientras el Gobierno nacional aprobó 18 créditos por una inversión estimada de USD 1.973 millones para diez provincias, Buenos Aires quedó afuera del reparto. En ese marco, recordó que en agosto de 2023 el Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 200 millones para obras de infraestructura resiliente y prevención de inundaciones urbanas, que —según denunció— no fue ejecutado para ese fin y cuyos fondos se habrían utilizado para financiar deuda del Estado nacional.


