La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso presentado por Repartos Ya S.A., empresa que opera bajo el nombre de Pedidos Ya, y mantuvo firme el núcleo de una multa por la situación laboral de 62 repartidores. La resolución fue dictada el 5 de agosto y ratificó el criterio adoptado por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el expediente todavía no está completamente cerrado y la sanción podría modificarse.
La Justicia bonaerense confirmó una sanción contra Pedidos Ya por trabajadores no registrados
La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso de Repartos Ya S.A. y mantuvo firme el núcleo de una multa por 62 repartidores.
18 de agosto de 2026 - 13:52
Pedidos Ya y el origen de la multa
El conflicto comenzó en julio de 2020, cuando el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Durante los operativos fueron relevadas 71 personas que realizaban tareas de reparto.
Según surge del expediente, la empresa reconoció a una de ellas como trabajadora en relación de dependencia. En cambio, sostuvo que otras 62 eran prestadoras autónomas vinculadas mediante contratos de locación de servicios y negó tener relación con las ocho restantes.
Luego del procedimiento administrativo, la autoridad laboral determinó que existían infracciones y aplicó una multa de $17.690.400. La empresa apeló la decisión, pero el Tribunal del Trabajo N° 1 de La Plata confirmó la sanción en 2021. En esa instancia, se consideró que la firma no había logrado desvirtuar la presunción de una relación laboral respecto de los 62 repartidores que había presentado como prestadores autónomos.
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Qué resolvió la Suprema Corte bonaerense
Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario federal presentado por Repartos Ya S.A. El máximo tribunal provincial consideró que la empresa no realizó una “crítica eficaz” de las decisiones anteriores y que volvió a plantear argumentos que ya habían sido analizados.
Además, los jueces descartaron que existiera un supuesto de “gravedad institucional” que justificara habilitar la instancia federal. De esta manera, quedó firme el núcleo de la decisión respecto de los 62 trabajadores cuya relación con la empresa había sido discutida durante el proceso.
Sin embargo, todavía resta resolver la situación de otras ocho personas. La empresa había negado cualquier vínculo con ellas y la Suprema Corte dispuso que ese aspecto vuelva a ser analizado por un Tribunal del Trabajo con una nueva integración.
Por este motivo, el monto definitivo de la sanción podría sufrir modificaciones una vez que se resuelva esa parte pendiente del expediente.
El planteo del Ministerio de Trabajo
Tras conocerse la resolución, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, consideró que el fallo representa un respaldo a la capacidad de la Provincia para ejercer su poder de policía laboral. “Las transformaciones tecnológicas y las nuevas formas de organizar la producción no pueden significar una pérdida de derechos para las y los trabajadores”, sostuvo el funcionario.
La resolución se suma a otros antecedentes judiciales vinculados con plataformas digitales. Entre ellos se encuentra el caso de Rappi, en el que la Justicia bonaerense ya había validado la potestad del Ministerio de Trabajo para interpretar normas laborales y calificar relaciones de trabajo con fines sancionatorios.
El criterio también contempla el valor probatorio de las actas realizadas por inspectores en la vía pública, donde se desarrolla buena parte de la actividad de los repartidores.
