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Presentan amparos contra los tarifazos de Metrogras

Se trata de un pedido colectivo de varias provincias y municipios del conurbano bonaerense para que se frenen los aumentos de las tarifas de gas, que llegaron ser el 600 por ciento mayor respecto el mismo periodo del año pasado, basándose en la inconstitucionalidad de la medida.

La medida, que ya surgió efecto en varias provincias y partidos bonaerenses como es el caso de varias ciudades de interior y de la costa, pretende frenar el aumento de las tarifas de gas natural que se efectuaron desde principio de año sin previo aviso.

La Asociación Sepa Defenderse, entidad que trabaja en defensa de consumidores y usuarios, presentó recientemente en los juzgados federales de Quilmes y Lomas De Zamora dos amparos colectivos con el fin que Metrogas no pueda cobrar los incrementos incluidos en las últimas facturas, sin embargo, de ser aprobada la medida no sería efectiva en retroactivo, es decir que quienes ya hayan abonado la suma no podrán reclamar su dinero.

En este caso, la solicitud se centra puntualmente en los usuarios de los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Almirante Brown, Loma de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, donde los relevamientos informan que la suba, respecto al mismo periodo del año pasado, podría llegar hasta un 600 por ciento.

El Presidente de la ONG el Doctor Pablo Rodríguez afirmó que "los incrementos tarifarios dispuestos por la distribuidora y basados en las resoluciones 2851/2014 del ente regulador (ENARGAS) y 226/2014 de la Secretaria de Energía de la Nación serían ilegales, por cuanto ambas resoluciones son inconstitucionales por violar las leyes vigentes en la materia del consumidor, por no haber convocado a audiencias públicas y por no dar la información adecuada y previa a los millones de usuarios que tiene la empresa".

Si bien las resoluciones del gobierno nacional plantearon un problema a los consumidores en el momento de la quita del subsidio, estos últimos incrementos serían por parte de la empresa distribuidora, sin aviso ni llamado a audiencia pública, que es el modo de procedimiento legal para dicha cuestión.

Estas resoluciones están provocando serios trastornos en el poder adquisitivo de la comunidad, siendo que en algunos casos llegan a sumas cercanas a los 2500 pesos en casos de clientes residenciales en viviendas unifamiliares.

"Por eso pediremos la inconstitucionalidad de la resolución 226/2014 de la Secretaría de Energía de la Nación y de las resoluciones del Enargas, en consonancia con lo que ya han dispuesto algunos jueces federales de otras jurisdicciones, como Mendoza o Mar del Plata”, detallaron diputados locales.

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