La justicia de Morón resolvió que un joven que en 2018 realizó falsas amenazas de bomba en distintos colegios del municipio deberá abonar $60.000, entregar una notebook y un celular de alta gama, sumado sumado a realizar tareas comunitarias en un club barrial.
La decisión inédita fue tomada por la Jueza Graciela Angriman, a cargo del Juzgado en lo Correccional N°5, en el margo de una casa caratulada como "intimidación pública reiterada en tres oportunidades".
La magistrada resolvió que el joven deberá ponerse a disposición de las autoridades de los a colegios afectados, a fin de realizar cualquier tipo de tarea que le sea solicitada, "en función de los hechos perpetrados". De lo contrario, el joven será llevado a juicio.
El dinero abonado será destinado al Municipio que se presentó como principal damnificado. Al respecto, el intendente de Morón Ramiro Tagliaferro explicó que ya el año pasado habían decidido "demandar por los gastos que se debieron afrontar a los responsables de dichas intimidaciones" y agregó que la medida tomada es "ejemplar para desalentar estas amenazas que perjudican el normal desempeño de las instituciones".
Durante los primeros meses de 2018 se instaló una serie de falsas denuncias que en tan solo unos meses superaron los 3000 llamados, lo que motiva toda una logística de acción que genera elevados costos por parte de los municipios que deben asistir a los colegios.
Ante la seguidilla de llamadas, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) estableció un protocolo de actuación que deben cumplir las autoridades de las escuelas y distintos funcionarios provinciales que permite que la DGCyE tenga un rol activo ante este tipo de hechos y que tanto la Dirección como la Municipalidad puedan ser admitidas por la Justicia como particular damnificado.
