Esta semana, el gobierno de España que encabeza el presidente socialista Pedro Sánchez anunció la puesta en marcha de un proceso de regularización de los inmigrantes que lleven al menos cinco meses viviendo en el país. Hay más de medio millón de personas que podrían acogerse a la medida, que sale por decreto, y entre los potenciales beneficiarios se calcula que hay unos 42 mil argentinos.
Correo desde Madrid: España se blanquea a sí misma como país de inmigrantes
Sánchez, un tiempista de la política que siempre tiene una paloma para sacar del sombrero, eligió de forma quirúrgica el momento para hacer el anuncio. En el frente interno, busca salir del pantano en el que quedó su gobierno tras la seguidilla de accidentes ferroviarios con 46 víctimas fatales. En el plano global, apunta a marcar un contraste con las escenas de barbarie que se ven en Estados Unidos, con la guerra desatada de Donald Trump contra los migrantes. El presidente español consolida su estrategia de erigirse como referente del progresismo a nivel mundial, en un contexto de declive general de la izquierda.
Como es lógico, la oposición de ultra derecha de VOX pone el grito en el cielo y aprovecha para levantar sus banderas anti inmigrantes y sus consignas que llaman a la expulsión de los extranjeros en lugar de su legalización.
La derecha más moderada del Partido Popular también se opone, pero no parece tener una convicción tan firme. Esgrimen, por un lado, el argumento institucional: que una medida así de relevante tiene que tener tratamiento parlamentario y no salir por decreto. Y, por otro, anticipan que la regularización va a producir un “efecto llamada”: más migrantes llegarán a España ilegalmente con la expectativa de ser beneficiarios, en el futuro, de alguna otra regularización. Otro punto conflictivo es el de la vivienda: la enorme crisis habitacional que afecta a España se seguirá agravando si la población continúa creciendo a costa de nuevos vecinos.
Más allá de que cada actor interprete el papel que se espera de él, la realidad es que España, con gobiernos de diferente signo político, ya hizo seis procesos de este tipo desde la recuperación de su democracia en los años 80. La izquierda lo reivindica como una causa de justicia social, pero también está el argumento fiscalista: los migrantes regularizados podrán trabajar en blanco, generando aportes al Estado, con lo cual se espera una importante contribución a las cuentas públicas.
Desde el punto de vista económico, hay un consenso bastante claro sobre la necesidad que tiene España de tener migrantes para poder funcionar. La población está envejecida, los nativos tienen cada vez menos hijos y hay cada vez más puestos de trabajo que requieren de la mano de obra extranjera, desde recoger las aceitunas de los olivares hasta cuidar a las personas mayores.
Pero es natural que existan resistencias. De la población de 50 millones de habitantes del país, hay nueve millones nacidos en el extranjero. Y esto es en el contexto de una sociedad que no se conformó como un crisol de razas a la manera argentina o de los Estados Unidos, sino de una tradición de siglos en su tierra. Entre los latinos y árabes que llegan a trabajar y los turistas franceses, ingleses, alemanes y japoneses que se esparcen por sus ciudades… los españoles viven tiempos de una riqueza y una diversidad que no tienen por qué gustar a todo el mundo. Están los que se aferran a los tiempos que ya no pueden volver, los que ven el presente con desconfianza y los que están subidos a la ola del futuro.
Y también estoy yo, que pienso que una mezcla como la que ahora hay en Madrid tuvo lugar en aquella Buenos Aires que parió a Gardel, Roberto Arlt, Borges, Goyeneche, Piazzolla, Charly García o Maradona. Sigo atentamente los acontecimientos.
Leé también: Qué se puede hacer el fin de semana en San Vicente: circo, música, danza y actividades al aire libre

