El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó por el Senado y propone una serie de cambios en el acceso y control de las pensiones no contributivas.
Pensiones por discapacidad: qué cambia con la nueva iniciativa del Gobierno
La iniciativa redefine el sistema de pensiones por discapacidad y elimina la compatibilidad con el empleo formal.
20 de abril de 2026 - 19:07
La medida se da en un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos sobre el sistema actual, mientras se investiga un supuesto pago de coimas vinculado al área de discapacidad y tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según el texto oficial, el proyecto apunta a redefinir los criterios para acceder a la ayuda estatal y establecer mayores controles sobre los beneficiarios.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.
El proyecto establece que quienes no cumplan con este proceso “sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”.
Además, se prevé un sistema de fiscalización que incluirá el cruce de datos entre organismos públicos como ANSES, ARCA y SINTyS. Ante inconsistencias, se habilita la suspensión preventiva del beneficio, con derecho a defensa por parte del titular.
Cambios en los montos y condiciones laborales
La iniciativa fija el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio. A su vez, elimina la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez laboral o por zona geográfica desfavorable.
En el plano laboral, se establece la “incompatibilidad absoluta” entre la pensión y cualquier empleo formal. Esto implica que una persona con discapacidad no podría mantener el beneficio si accede a un trabajo registrado.
También se eliminan incentivos a empresas para la contratación de personas con discapacidad, al suprimirse programas de inclusión laboral.
Modificaciones en el sistema de prestaciones
El proyecto introduce cambios en la organización y financiamiento del sistema. Entre ellos, elimina el nomenclador que establecía aranceles homogéneos y habilita acuerdos entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos. Esto implicaría una desregulación en la negociación de prestaciones con obras sociales y prepagas.
La propuesta oficial deroga artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, lo que, según el propio texto, retrotrae el sistema a un esquema anterior.
La legislación actual había ampliado el universo de beneficiarios con un criterio más amplio de discapacidad. En cambio, el nuevo proyecto refuerza los controles y limita el acceso a quienes cumplan estrictamente con los requisitos.
El ingreso del proyecto por el Senado responde a una estrategia del oficialismo, que considera más favorable la correlación de fuerzas en esa cámara. Se espera un debate con tensiones entre bloques que previamente acompañaron la ley de emergencia en discapacidad.
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