La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del dirigente social oriundo de Burzaco Eduardo Belliboni, quien intentó apartar al fiscal Gerardo Pollicita de la causa en la que se lo investiga por el presunto manejo irregular de fondos públicos. La resolución fue firmada de forma unipersonal por el juez Mariano Borinsky.
La Justicia rechazó el pedido de Belliboni para apartar al fiscal que lo investiga por desvío de fondos
La Justicia declaró inadmisible recurso de casación que interpuso Belliboni, vecino de Burzaco, en el marco de la investigación por desvío de fondos públicos.
25 de abril de 2025 - 08:19
La defensa del líder del Polo Obrero había cuestionado que la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazara previamente la recusación contra Pollicita, al considerar que no se habían verificado causales suficientes para apartarlo de la investigación.
Según consta en el expediente, y consigna Infobae, Belliboni argumentó que existe una relación de enemistad manifiesta entre él y el fiscal Pollicita, lo cual impediría al representante del Ministerio Público actuar con la objetividad requerida. Como respaldo, señalaron que Pollicita habría “filtrado a la prensa el requerimiento de elevación a juicio antes de su presentación formal”, y que el dirigente lo había denunciado penalmente.
La Justicia en primera instancia
El juez Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, en primera instancia, ya había denegado el planteo por considerar que los hechos denunciados no cumplían los requisitos temporales previstos en el Código Procesal Penal. Esa resolución definió, tal como ratificó ahora Borinsky, que la denuncia a la que hace referencia Belliboni fue presentada después del inicio del proceso en su contra, lo que impide que se utilice como causal de recusación.
Es así que el juez Borinsky concluyó que el recurso de Casación carece de fundamentos suficientes para justificar su procedencia, ni desde la doctrina de la arbitrariedad ni desde la existencia de una cuestión federal.
Además de Belliboni, otras 17 personas están imputadas por las supuestas extorsiones y el desvío de fondos. La investigación se inició en diciembre de 2023, poco después de la asunción de Javier Milei como presidente, a partir de denuncias anónimas recibidas por una línea telefónica que habilitó el Ministerio de Seguridad de la Nación.
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Según la investigación, los involucrados habrían obligado a beneficiarios de los planes y miembros de organizaciones sociales a participar en una marcha convocada para el 20 de diciembre de ese año, y si no lo hacían, les retiraban la ayuda estatal. Así es como hubo allanamientos en sedes del Polo Obrero y otras decenas de domicilios, en los que se secuestraron cuadernos con anotaciones como “no come”, computadoras y documentación. Además, declararon cinco testigos protegidos.
