Una mujer denunció en el año 2014 que durante seis años fue abusada sexualmente por uno de sus familiares, en el partido de Esteban Echeverría. Las violaciones se dieron entre los años 1994 y 2000, cuando ella era apenas una niña. Por la cantidad de años que pasaron entre el hecho y la denuncia, se descartó una investigación y el acusado nunca fue llevado ante la Justicia. Hoy, un juez pide que se realice un " Juicio por la Verdad".
Piden un "Juicio por la Verdad" en caso prescripto de abuso
Una mujer denunció a su abusador en Esteban Echeverría, pero como pasaron 20 años del hecho se extinguió el caso. La historia y el giro inesperado en la causa.
09 de junio de 2020 - 11:13
Quien impulsa este procedimiento "simbólico" es el Gabriel Vitale, magistrado al frente del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora. A través de esta figura jurídica se podría investigar el caso y dar una condena al acusado, aunque no se le dará tiempo en la cárcel.
En Argentina, las causas por delitos contra la integridad sexual prescriben con los años, y fue ese el argumento que utilizó la defensa del acusado para resolver la denuncia de la víctima, que fue radicada en diciembre de 2014 en la UFI N°1 de Esteban Echeverría. Esto, según consideró el juez Gabriel Vitale, "cancela el derecho de la víctima a que ‘su verdad’ sea discutida públicamente".
Esta acción del juez Vitale, sin embargo, no está firme y puede ser apelada por la defensa del acusado. “Es una cuestión de estricta justicia, ya que negarle a la víctima el derecho a que se investiguen los sucesos denunciados en miras de salvaguardar el principio de legalidad, podría resultar en desconocer los principios de interés superior del niño y de su derecho al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva”, argumentó el magistrado en su fallo, según publicó Infobae.
¿Qué es un Juicio por la Verdad?
Este tipo de procedimiento judicial no tiene efectos penales, es decir que la finalidad no es encarcelar a los acusados, sino llegar a la verdad de un asunto por medio de la Justicia para evitar la impunidad. Se originó en nuestro país en el año 1999, ante la imposibilidad de llevar a juicio a distintas personas acusadas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en el país.
