La Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de nueve personas acusadas de integrar una red dedicada a ingresar drogas al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza mediante certificados de embarazo falsos. Las mujeres se hacían pasar por parejas de los internos para eludir los controles de rayos X y ocultaban estupefacientes en su cuerpo para luego comercializarlo.
El fallo fue dictado por los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal platense, que también ratificaron la prisión preventiva de tres de los procesados. Los magistrados consideraron que las conductas encuadran en el delito de comercialización de estupefacientes agravado por haberse cometido de forma organizada entre tres o más personas y dentro de un establecimiento penitenciario, según los artículos 5° y 11° de la Ley 23.737.
De acuerdo con la investigación, impulsada por la titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Análisis Criminal (DAC) del Ministerio Público Fiscal, la organización operó entre noviembre de 2019 y julio de 2024.
Las evidencias recolectadas permitieron reconstruir el funcionamiento de una estructura integrada por presos y personas en libertad, vinculadas entre sí por lazos familiares o afectivos. Las mujeres registradas como parejas de los internos presentaban certificados médicos falsos que acreditaban embarazos inexistentes, lo que les permitía ingresar al penal sin pasar por el control corporal con rayos X.
Cómo funcionaba el circuito de venta dentro de la cárcel
Una vez dentro del penal, las mujeres entregaban pequeñas dosis de droga fraccionada a los internos encargados de la distribución para la venta. El dinero obtenido se manejaba a través de los haberes penitenciarios o “peculios” de los detenidos, que autorizaban a miembros de la banda a cobrar los cheques emitidos por la administración del penal.
Los jueces describieron un esquema con roles definidos: algunos miembros se encargaban de la falsificación de certificados, otros de la logística y otros del manejo de los fondos. Además, se detectó el uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales de terceros para canalizar el dinero proveniente del narcotráfico. Cabe destacar que el tribunal aclaró que no se detectó participación de personal del Servicio Penitenciario Federal en las maniobras bajo investigación.
La causa seguirá en curso
Tras la confirmación de los procesamientos y las prisiones preventivas, la causa continuará en etapa de instrucción con intervención de las áreas especializadas en narcocriminalidad. El expediente se centra en determinar el grado de participación de cada imputado y en rastrear los circuitos financieros utilizados por la organización.
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