La Justicia Federal ratificó los procesamientos de 52 integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), incluidos agentes, jefes de sector, directores y personal médico, en el marco de una causa que investiga hechos de violencia institucional ocurridos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza en 2019.
La medida fue confirmada de forma parcial por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y deja a los imputados a un paso del juicio oral. La investigación está a cargo del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, actualmente subrogado por el juez Luis Armella.
Los hechos ocurrieron entre el 9 y el 13 de junio de 2019, en el Pabellón B de la Unidad Residencial III, donde se desató una protesta de internos tras el cambio unilateral del horario y modalidad de visitas familiares, que redujo el tiempo de tres a dos horas y eliminó el sistema mixto.
Durante la manifestación, los reclusos arrojaron objetos contra el sector de guardia, prendieron fuego colchones y, según las filmaciones, empuñaron armas caseras y bloquearon accesos. Ante esta situación, la Jefatura de Turno solicitó la intervención de grupos operativos, según la investigación judicial.
Se conformó entonces un “cuerpo de requisa extraordinario” con 39 agentes, provenientes de otras unidades y del Hospital Penitenciario Central. Según consta en el expediente, el grupo ingresó al pabellón disparando municiones anti-tumulto y arrojando gas lacrimógeno. En algunos casos, los proyectiles fueron lanzados directamente contra los internos.
La represión de la protesta
Una vez despejado el lugar, los agentes habrían reducido a los detenidos utilizando golpes, gas pimienta y disparos a corta distancia. En uno de los sectores del pabellón, un grupo de internos fue arrinconado entre las celdas 9 y 10, formando una “montaña humana”, donde fueron agredidos pese a estar ya inmovilizados, según sostiene el fallo judicial.
Las pericias de Gendarmería Nacional confirmaron lesiones compatibles con postas de goma, incluyendo hematomas, excoriaciones, heridas cortantes, tumefacciones y fracturas.
En paralelo, nueve internos se refugiaron en la celda 10, donde, según la denuncia, los agentes habrían rociado gas pimienta desde la mirilla y desde el exterior. Algunos detenidos relataron que sufrieron dificultades respiratorias y uno de ellos llegó a introducir la cabeza en el inodoro para poder respirar. Las agresiones se habrían extendido por más de 30 minutos, pese a los pedidos de auxilio.
La Cámara consideró que hay elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal de los agentes y funcionarios involucrados por delitos vinculados a vejaciones, apremios ilegales, torturas y encubrimiento. Del mismo modo, la causa podría ser elevada a juicio oral en las próximas semanas.
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