Durante la tarde de ayer un móvil de Gendarmería Nacional se presentó en el municipio de Ezeiza, ubicado en la calle Avellaneda 51, para solicitar documentación correspondiente a la causa "Sueños Compartidos", en la que se investiga la malversación de más de 200 millones de pesos de un total de 750 millones que fueron destinados al plan de viviendas sociales, y por la que el intendente Alejandro Granados fue citado a declarar en 2016, cuando fue vinculado a irregularidades en la construcción del barrio local "Madres II".
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N°1 solicitó la documentación en la que el municipio comenzó los trámites con la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación, para poner en marcha las obras del programa de viviendas sociales. Este material sería de relevancia para la continuación de la causa, que fue elevada a juicio este martes.
¿Cómo fue el caso?
Sergio y Pablo Schoklender, quienes eran apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, fueron acusados de utilizar a la institución, aprovechándose de su prestigio por su lucha en materia de Derechos Humanos, para obtener fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación de la Nación. Estos fondos eran solicitados para la construcción de viviendas sociales en diferentes puntos del país, pero parte de ellos nunca llegaban a las obras y terminaban en los bolsillos de los acusados. Se investigó también la cooperación de funcionarios provinciales, municipales y de empresas ajenas al Estado.
Mientras la investigación estaba en curso, el intendente de Ezeiza era apuntado como uno de los posibles funcionarios envueltos en este caso de enriquecimiento ilícito, y fue citado a prestar declaración indagatoria. Mas tarde se le dictaría la falta de mérito en la causa, al igual que a otros intendentes y funcionarios públicos.
En su declaración, Granados aseguró que "jamás había tomado conocimiento de accionar delictivo alguno en el programa Sueños Compartidos en el municipio de Ezeiza". También agregó que le había encomendado a Christian Figueroa, entonces jefe del Departamento de Obras Públicas del municipio, que se pusiera en contacto con los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación de la Nación para adherir a Ezeiza al programa.
