Los efectivos de la División de Delitos Tecnológicos de esa fuerza realizaron 21 allanamientos simultáneos, entre los cuales se destacaron los procedimientos en Lomas de Zamora, San Martín, Zárate, Quilmes, La Matanza, Moreno y La Plata. También hubo registros en Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, incluyendo un pabellón penitenciario.
La investigación, unificada bajo el expediente “Huella Digital” desde agosto de 2024, permitió comprobar maniobras de defraudación digital que superarían los 20 millones de pesos e incluirían transferencias ilícitas de criptoactivos de acuerdo al análisis de movimientos bancarios y billeteras virtuales, según lo que informó la Policía Federal.
De acuerdo a los investigadores, la banda utilizaba técnicas de hackeo de cuentas de WhatsApp, creación de páginas falsas y difusión de enlaces apócrifos para engañar a las víctimas. También se valían de publicaciones en Marketplace y transferencias electrónicas que eran inmediatamente volcadas a cuentas digitales o a la compra de criptomonedas, dificultando el rastreo.
En varios casos y según las pesquisas, las operaciones incluyeron transferencias bancarias simuladas y validación de identidades en billeteras virtuales como Mercado Pago y Digipayment. Una víctima llegó a perder más de 100 mil pesos en dos movimientos que terminaron en cuentas ligadas a los investigados.
Como resultado de los procedimientos, los efectivos detuvieron a 15 personas al mismo tiempo que se secuestraron criptoactivos, computadoras, teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras fraudulentas. Entre los elementos hallados se encontraron claves privadas y semillas de billeteras virtuales, lo que confirma el uso intensivo de criptomonedas para blanquear el dinero ilícito.
Además, se descubrió un casino virtual en funcionamiento, utilizado como pantalla para canalizar parte de las ganancias de la organización.
También hubo allanamientos en cárceles
En ese marco, uno de los allanamientos se realizó dentro de una cárcel bonaerense, donde se constató la participación de personas privadas de la libertad en la coordinación de estafas. Desde allí se dirigían operaciones que incluían transferencias de dinero hacia cómplices en el exterior del penal.
La Justicia ordenó peritajes informáticos sobre todos los dispositivos secuestrados, con el objetivo de rastrear nuevas víctimas y ampliar la causa. Los investigadores remarcan que la complejidad del caso radica en la trazabilidad digital de los fondos, que pasaban rápidamente del sistema bancario tradicional a plataformas de criptoactivos.
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