Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad del gobierno actual, reclamó a la Justicia que expulse del país a los extranjeros no residentes y que cometan delitos. Además, apuntó contra la provincia de Buenos Aires por lo ocurrido en González Catán con la toma de terrenos que dejó un saldo de cinco muertos durante un enfrenamiento armado.
Patricia Bullrich y el pedido a la Justicia para expulsar a los extranjeros no residentes que cometen delitos
La Ministra de Seguridad planteó el tema de expulsar a los extranjeros que cometen delitos tras el violento caso de González Catán con la toma de terrenos.
16 de enero de 2024 - 13:15
“En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, afirmó la funcionaria en declaraciones radiales en Radio Mitre.
Luego, reforzó la idea: “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”, exclamó.
En los últimos días, desde la Ciudad de Buenos Aires reclamaron que se apresure la expulsión de delincuentes extranjeros y que, para eso, se reponga un decreto firmado en 2017 durante el Gobierno de Mauricio Macri en el que Bullrich también estaba al frente del Ministerio de Seguridad.
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En enero de ese año, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones, amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
Ese Decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
