El Gobierno Nacional formalizó la delegación de competencias sobre rutas nacionales a un grupo de provincias a través del Boletín Oficial. La medida habilita a las jurisdicciones a otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas que atraviesan sus territorios.
Las provincias alcanzadas en esta primera etapa son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. En estos casos, podrán encargarse de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores viales incluidos en los convenios.
Concesiones de rutas y peajes: condiciones del esquema
El decreto establece que la titularidad de las rutas no se transfiere. Los tramos continúan bajo jurisdicción federal y siguen siendo propiedad exclusiva del Estado Nacional.
La delegación tiene un carácter limitado, temporal y revocable. El plazo máximo es de 30 años desde la aprobación de cada convenio. Además, el Gobierno puede dejarla sin efecto si existen razones de interés público.
En cuanto al financiamiento, las provincias podrán implementar esquemas de cobro de peaje u otras formas de remuneración para sostener las obras. También se establece que los fondos recaudados en un tramo concesionado no podrán destinarse a obras en otras rutas o jurisdicciones.
Procedimiento, controles y rol de Vialidad Nacional
Para que la delegación se haga efectiva, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán los tramos alcanzados.
Luego, los convenios deberán ser aprobados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Las provincias también tendrán que presentar un plan de obras, con cronograma de ejecución, esquema de peajes y documentación para la licitación.
Una vez aprobado el convenio, habrá un plazo de un año para convocar al proceso de selección del concesionario. Si no se cumple ese plazo, la delegación quedará sin efecto.
La Dirección Nacional de Vialidad será responsable de establecer los mecanismos de supervisión y auditoría para controlar el cumplimiento de los contratos.
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Provincia de Buenos Aires y Conurbano: posible extensión del régimen
El decreto contempla la posibilidad de extender la delegación a otras jurisdicciones que lo soliciten. Entre ellas, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esto abre la posibilidad de que rutas nacionales que atraviesan el Conurbano bonaerense puedan ser incluidas en este esquema en el futuro, en caso de que se avance con pedidos formales y convenios específicos.
El Ministerio de Economía de la Nación será la autoridad de aplicación del régimen y tendrá la facultad de dictar normas complementarias para su implementación.
