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La Justicia frenó la privatización de AySA y ordenó garantizar el servicio en el AMBA

Un juzgado de La Plata dictó una medida cautelar que suspende el avance del proceso de privatización de AySA.

La Justicia bonaerense dispuso una medida cautelar que frena el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Gobierno nacional y ordena preservar sin cambios la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en los 26 municipios del conurbano donde opera la empresa.

La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo de Mariano López, tras una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El fallo establece que AySA deberá abstenerse de reducir inversiones, modificar obligaciones operativas o postergar obras de infraestructura mientras se analiza el fondo de la cuestión.

Según argumentó la Defensoría, el proceso de privatización podría afectar aspectos vinculados al acceso al agua potable, la expansión de las redes, las tareas de saneamiento y la protección ambiental. El organismo advirtió además sobre el riesgo de que se flexibilicen controles regulatorios y se demoren obras consideradas esenciales para millones de usuarios.

En su resolución, el juez consideró que existen elementos suficientes para analizar los posibles impactos que tendría el cambio de gestión sobre derechos vinculados al acceso al agua y al ambiente. Por ese motivo, ordenó mantener sin modificaciones las obligaciones de prestación, inversión e infraestructura en toda el área de concesión.

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El plan de privatización

La medida judicial se conoce en medio del avance del plan de privatización impulsado por el Gobierno nacional, que contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA mediante una licitación pública. El esquema prevé transferir inicialmente el control de la empresa a un operador estratégico privado y luego colocar el resto de las acciones en el mercado.

AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos varios de la zona sur, por lo que la decisión judicial tiene impacto directo sobre millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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