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Nuevo sistema para bloquear celulares en cárceles: cómo deberán adherir las provincias

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó un sistema para detectar e inhabilitar celulares utilizados en cárceles de todo el país.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en establecimientos penitenciarios, una iniciativa destinada a impedir el uso ilegal de celulares dentro de las cárceles.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 806/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según la normativa, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir al sistema nacional a través de un convenio específico.

La cárcel de Olmos en la Provincia de Buenos Aires.

La cárcel de Olmos en la Provincia de Buenos Aires.

El mecanismo contempla el bloqueo del IMEI, que identifica de manera única al dispositivo; del IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y de la línea telefónica vinculada. De esta manera, el procedimiento apunta a impedir la utilización del aparato incluso en caso de que se cambie la tarjeta SIM.

La información surge de la resolución publicada por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial, que además establece las responsabilidades de las autoridades penitenciarias, la cartera nacional y las empresas de telecomunicaciones.

Cómo será el bloqueo de celulares en las cárceles

La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de implementar el programa en aquellas jurisdicciones que soliciten incorporarse. Para eso, la resolución aprobó un modelo de convenio de adhesión.

El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como ventanilla única para recibir los datos correspondientes a los dispositivos detectados y trasladar los pedidos de bloqueo a las compañías prestadoras de telefonía móvil.

Este mecanismo ya había sido establecido mediante la Resolución 734/2026, del 13 de agosto. De acuerdo con el procedimiento, las jurisdicciones provinciales deberán informar los dispositivos encontrados, mientras que el Ministerio será el encargado de formalizar ante las empresas la solicitud para inhabilitarlos.

El programa amplía a las jurisdicciones que adhieran una estrategia que hasta el momento se encontraba limitada al Servicio Penitenciario Federal.

Qué datos deberán informar las provincias

El procedimiento se activa a partir de la identificación de los códigos IMEI e IMSI correspondientes a equipos móviles que funcionen dentro de áreas de detención o sectores de acceso restringido.

El ministerio provincial con competencia penitenciaria deberá identificar esos dispositivos y reportarlos al sistema federal. A su vez, el Servicio Penitenciario Provincial tendrá que monitorear de manera remota los equipos de detección y comunicar inmediatamente cualquier incidente.

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Una vez recibida la información, el Ministerio de Seguridad Nacional trasladará formalmente la solicitud de bloqueo a las operadoras. Las empresas deberán inhabilitar tanto la línea como el equipo y tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar que concretaron el procedimiento.

Cada provincia que adhiera también tendrá que cargar diariamente en un servidor habilitado por el Ministerio archivos en formato CSV con los IMEI e IMSI detectados en sus establecimientos, separados por operadora. El sistema contempla cinco prestadoras y el envío de dos archivos por cada una: uno correspondiente a IMSI y otro a IMEI.

Celulares en cárceles: controles y excepciones previstas

El manual incluido en la normativa contempla sectores destinados a la guarda de dispositivos del personal autorizado, ubicados fuera de las áreas sometidas a detección.

Entre las personas alcanzadas por esta posibilidad aparecen agentes penitenciarios, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares.

Además, se prevén auditorías periódicas para controlar el cumplimiento del procedimiento. La información relacionada con el bloqueo de IMEI e IMSI deberá ser administrada bajo normas estrictas de confidencialidad.

El procedimiento se apoya, según la normativa, en antecedentes como la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos móviles en establecimientos penitenciarios, y en disposiciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) sobre las obligaciones de las empresas prestadoras.

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