Uno de los empresarios favorecidos por las adjudicaciones de la gestión de Mayra Mendoza en Quilmes, José Alejandro Scozzari, registró en reiteradas veces cambios de fichas y premios en casino, especialmente en los últimos dos años, y los investigadores siguen de cerca las maniobras por presunto lavado de dinero.
Cooperativas de Quilmes: investigan premios de casinos de uno de los imputados
Extrañas maniobras en premios de casino están siendo seguidas de cerca por los investigadores de la causa de las cooperativas de Quilmes.
13 de junio de 2022 - 12:16
La información del cambio de premios y fichas en casinos realizada por Scozzari surge de un informe reservado de la Unidad de Información Financiera (UIF) que llegó el viernes pasado a los Tribunales de Quilmes, y que ahora deberá ser corroborado oficialmente.
Según el informe de la UIF, entre 2021 y 2022, Scozzari registró, al menos, 11 operaciones de cobro de fichas y premios en el Bingo Godel de Quilmes y el Casino de Buenos, en varios casos por montos fraccionados.Y si se suman las de años anteriores, totalizan 22 por más de $1.500.000 y USD 40.000.
Fuentes cercanas a la intendenta Mayra Mendoza contaron en diálogo con Infobae que “no tiene ninguna relación con Scozzari en absoluto”, y que este empresario “trabaja con el municipio como otros cientos de proveedores desde hace varias gestiones por estar inscripto y participar de los procedimientos de contratación previstos en la ley”.
Scozzari está imputado en las dos causas que se abrieron en la Justicia Federal de Quilmes y de la Capital Federal por las posibles irregularidades en los pagos por $671 millones a cooperativas y empresas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios del municipio de Quilmes. Es también socio de dos de ellos y su constructora, The Wolf Building, resultó también beneficiada con contratos del Municipio de Quilmes por $88.580.875, entre mayo del 2020 y abril de 2022.
Junto a Scozzari, Raspa y Bordalejo, la intendenta Mayra Mendoza quedó imputada en esta causa por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.
