El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia trabaja desde esta semana en carpas montadas en cercanías al Municipio de Presidente Perón para mantener conversaciones con algunas familias de la toma de tierras de Guernica. El ministro Andrés “Cuervo” Larroque, presenten en el lugar, aseguró este martes que ya hay 100 de las 1.300 familias que hay en el asentamiento que aceptarán irse de forma pacífica antes del desalojo ordenado por la Justicia.
Las autoridades del gobierno provincial debieron montar el “dispositivo” en el centro de Guernica luego de que el domingo último fueran violentamente rechazados por organizaciones sociales presentes en la toma. “Son grupos muy radicalizados que no quieren negociar”, los definieron desde el Municipio de Presidente Perón. Larroque también expresó su repudio al accionar de “dirigentes” que responderían a la izquierda.
En las carpas, la Provincia trabaja para “profundizar el registro” de las familias que lograron censar en el predio de la toma. Buscan ofrecerles soluciones habitacionales de emergencia en el corto plazo para que acepten abandonar el predio antes del desalojo ordenado por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo.
"Nosotros tenemos que cumplir con la decisión de la Justicia, que es el desalojo, si no, tendremos consecuencias penales. Es así: hay algo que se llama deberes de funcionario público y, en este caso, la Justicia es la que decide y el Poder Ejecutivo debe instrumentar la medida", afirmó hoy Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense. Y agregó: “Queremos negociar de una manera pacífica pero no nos dejan entrar a los terrenos para buscar una solución y es muy complicado. Por eso, estamos trabajando tanto tiempo antes para buscar una salida negociada”.
En tanto, ayer se conoció que movimientos de izquierda encabezados por el Polo Obrero y el Partido Obrero, además de delegados de la toma, presentaron un petitorio al gobierno provincial para “la cesión del 10% de la superficie total involucrada en el proyecto del barrio cerrado San Cirano”. Es decir que piden 36 hectáreas del predio tomado “para fines sociales”.
Mientras tanto, el tic tac del reloj judicial sigue corriendo: el desalojo está ordenado para el 1°, el 3 o el 5 de octubre. Y los sectores radicalizados de la usurpación llaman a resistir.
