La jueza de Paz de San Vicente, Julieta Ormaechea, fue suspendida en sus funciones por 90 días por decisión de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. La decisión del máximo tribunal llegó luego de que el área de Control Disciplinario de la Justicia bonaerense llevara a cabo una investigación en la que determinaron que la magistrada maltrataba constantemente a las víctimas de violencia familiar y que también llegó a quemar denuncias originales en la parrilla de su juzgado.
Según pudo saber El Diario Sur, el rechazo a Ormaechea entre la comunidad de abogados de San Vicente es total por sus constantes maltratos a ellos, a empleados y a víctimas y victimarios que pasan por el Juzgado. Es por eso que desde que fue nombrada en el cargo en 1996, la jueza acumuló varias denuncias en su contra.
Otra de las consecuencias de sus arbitrariedades y la lentitud con que trabajaba es que casi todos los abogados de la zona prefieren no litigar en el Juzgado de Paz local y llevar sus causas en La Plata. Hace años que no litigo ahí porque ella te vuelve loca y es imposible trabajar así y que las causas avancen, aseguró una especialista en derecho de familia ante El Diario Sur.
Uno de los actores más enconados con Ormaechea fue el Municipio. En primer lugar, nunca lograron que se traten los juicios por apremios contra vecinos deudores que tiene el Juzgado de Paz. Te hacía problema hasta para mostrarte los expedientes, tenía todo paralizado, contó un funcionario.
Pero el mayor problema lo generaba en el área Políticas de Género, donde tienen como misión contener a las víctimas de violencia familiar y acompañarlas en sus peripecias en la Justicia. Por los retrasos del juzgado local, preferían tratar directamente con la Justicia platense.
Uno de los detonantes para la investigación contra Ormaechea, que empezó hace dos años, fue que en un Juzgado de La Plata notaban que tenían una gran cantidad de casos de San Vicente, que en rigor debían ser tratados por el Juzgado de Paz. Consultaron el porqué y ahí las miradas se posaron sobre Ormaechea.
Entre los testigos que declararon en la investigación de la Corte Suprema hay víctimas de violencia de género de San Vicente, asistentes sociales y funcionarios del Municipio y también miembros del Colegio de Abogados de la provincia. El documento final lleva la firma del procurador general, Julio Conte Grand, lo que pone a Ormaechea en una situación más complicada.
Por ahora, la jueza tiene una suspensión preventiva y sigue cobrando al menos un parte de su salario, que según establecieron fuentes judiciales debía estar por encima de los 150 mil pesos, dadas sus más de dos décadas de antigüedad.
Los pasos a seguir para destituirla deben iniciarse en el Comité de Enjuiciamiento de Magistrados, que es una comisión conformada por diputados y senadores bonaerenses y miembros del poder judicial. En caso de avanzar, luego debería acordarse en una audiencia en el Senado si se le retira la investidura o si retoma su cargo. El proceso puede durar entre seis y ocho meses si los tiempos fueran acelerados.
