En una entrevista exclusiva con El Diario Sur, la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, se refirió a las acciones de su cartera para fiscalizar la situación laboral de las empleadas domésticas en los countries. En diciembre pasado ya hubo inspecciones en barrios de la zona de Canning y San Vicente.
Con los registros de visitas de los countries, Provincia detecta empleadas domésticas en negro
Lo confirmó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, en una entrevista exclusiva con El Diario Sur. "Requerir información a los countries está entre nuestras facultades", dijo.
21 de marzo de 2022 - 09:21
Mara Ruiz Malec explicó que los controles en countries los hace el ministerio a través del registro de entradas y salidas: “La modalidad de casas particulares es muy difícil de fiscalizar. Yo con inspectores puedo entrar en un ámbito de trabajo, pero en una casa de familia entra en juego el derecho a la privacidad. En los barrios cerrados tienen un registro de visitas y de autorizaciones habituales de ingresos para quienes trabajan en las casas. Y entre nuestras facultades como autoridades de fiscalización del trabajo es la de requerir esa información”.
“A los countries les solicitamos el registro y con eso podemos hacer un cruce y ver si las trabajadoras están registradas. Y una vez que tenemos esa información, podemos intimar a los autorizantes, dueños de los lotes, porque hay una persona que trabaja en su casa que no está registrada”, agregó Malec.
Esta ofensiva del Ministerio de Trabajo bonaerense para detectar empleadas no registradas en los countries se conoció a partir del caso que ocurrió en un barrio de San Isidro la semana pasada, donde una mujer denunció haber sido tratada como “esclava” por su empleadora. “Cuando el lunes le planteé que no quería trabajar más porque era mucho trabajo, me dijo que me tenía que quedar tres meses sin salir. Me había dicho que era por el covid y porque en el contrato decía que estaba a prueba”, había contado la víctima.
Ruiz Malec reconoció que en la mayoría de los casos hasta ahora muchos countries buscan no contestar o negar el acceso a la información al Ministerio. “Ellos tienen un plazo para contestar, sino se les infracciona, tienen un plazo de descargo, y después se los multa”, sostuvo.
Respecto a los resultados de estas acciones, la ministra dijo que “ya nos está funcionando”. “Sigue habiendo muchas trabajadoras no registradas, pese a lo que económico que es hacerlo. En el caso de una persona que trabaja todos los días en una casa, cuesta menos de 3 mil pesos por mes, y con eso estás cubierto. Para quienes pagan ganancias, pueden descontar lo que aportan y si no pagan ganancias también tienen una ayuda del Estado”, destacó.
La ministra también afirmó que el de las empleadas domésticas “es un sector muy vulnerable”. “Las tasas de pobreza en estas trabajadoras son superiores al 50%, por eso creo que no hay mayor acto de justicia social que promover su registración”, manifestó. Y añadió que buscarán alternativas para llevar los controles a barrios abiertos: “Ya le vamos a encontrar la vuelta porque queremos avanzar”.
En tanto, Ruiz Malec aclaró que “prácticamente no hay beneficios sociales que se pierdan” por tener un trabajo en blanco. Ese es el caso de programas sociales como Potenciar Trabajo, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. De ese modo, no habría incentivos para que las trabajadoras prefirieran estar en negro.
El programa Registradas, del gobierno nacional
El plan apunta a promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género. Está dirigido a trabajadoras de casas particulares y empleadores que registren una nueva relación laboral.
Sus líneas de trabajo son:
Incentivo para la formalización y permanencia en el empleo. El Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora hasta $15.000 durante 6 meses a cuenta del pago que realiza la parte empleadora.
Transferencia del porcentaje restante por la parte empleadora, pago de los aportes, contribuciones y ART y obligación de mantener el puesto de trabajo los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio.
