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Que el último apague la luz 

Por Manuel Nieto.

El Presidente de la Nación impulsa un juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Es un conflicto institucional mayúsculo, un enfrentamiento entre dos cabezas de los poderes del Estado, entre el Ejecutivo y la Justicia. La pulseada también contempla el territorio: los gobernadores peronistas, con poder en la amplia mayoría de las provincias, se dividen entre los que apoyan la cruzada de Alberto Fernández y los que dicen “yo paso”.

El trasfondo justamente tiene que ver con fondos: en un fallo a medida de Horacio Rodríguez Larreta, la Corte le devolvió a la Ciudad de Buenos Aires recursos de coparticipación que la Nación le había quitado por decisión de Alberto en 2020. Esa masa de dinero había sido entregada a la Provincia de Buenos Aires, para solucionar la crisis de la huelga policial en medio de la pandemia. Por eso ahora el gobernador Axel Kicillof es el principal aliado del Presidente en la cruzada contra la Corte.

Este conflicto hace juego con la batalla favorita de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que suma este arco a su narrativa en la que se ve como víctima del “lawfare”, una persecución orquestada entre jueces, medios de comunicación, empresarios y dirigentes políticos para encarcelarla y sacarla del juego democrático. Para el Kirchnerismo duro, este conflicto funciona como un ordenador: todos contra el mismo adversario.

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Los jueces de la Corte Suprema.

Los jueces de la Corte Suprema.

Para más cohesión, se suma el caso del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, que esta semana debió pedir licencia ante el escándalo por la difusión de chats privados (obtenidos de forma ilegal) en los que hablaría de maniobras de corrupción y también de vínculos con la Justicia. No está probado que esos chats sean verdaderos.

Gran parte de esta pelea parece ser “para la foto”. El juicio político a un magistrado de la Corte requiere de mayorías especiales que para el Kirchnerismo es imposible alcanzar en el Congreso, y menos con una iniciativa tan polémica. Para Alberto puede ser una situación de ganar-ganar: se congracia con Cristina impulsando su agenda, pero sin posibilidades reales de perturbar el statu quo.

¿Y Sergio Massa? El ministro de Economía que por fin tiene algunos indicadores positivos para mostrar en su gestión no sería el más entusiasta con la agenda judicial del Kirchnerismo. La movida del oficialismo hizo subir al máximo la tensión y las sobreactuaciones en el Congreso, justo en la previa de las sesiones extraordinarias, en las que Massa quiere aprobar tres proyectos de relevancia para la economía. Uno es el blanqueo de capitales, que llega tras el acuerdo de cooperación automática con Estados Unidos. La otra es la moratoria previsional. Y finalmente está la ley de GNL, con la que se busca fomentar las inversiones extranjeras que permitan exportar el gas del yacimiento de Vaca Muerta.

Va a ser difícil para el Gobierno negociar el apoyo de la oposición a estas tres leyes mientras se tiran por la cabeza con pedidos de juicios políticos, fondos coparticipables y escuchas ilegales. No parecen muy ordenadas las prioridades entre la agenda judicial y la agenda económica.

Por suerte, para Massa, primero están los amigos. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur llegaron a un acuerdo para refinanciar su deuda con Cammesa (la compañía estatal que les vende la energía). Debían 219.615 millones de pesos pero pagarán 80.210 millones entre ambas empresas, en 96 cuotas y a una tasa en pesos por debajo de la inflación. ¡Que el último apague la luz!

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