Complicaciones para las escuelas privadas de educación especial por las obras sociales

“La situación con las obras sociales es caótica, cada vez piden más documentación para las autorizaciones de las prestaciones de los chicos, pero tardan mucho más. Nosotros arrancamos en septiembre a tramitar muchas autorizaciones, y hay algunas que todavía no salieron”, explicó en diálogo con El Diario Sur Mariana Martínez, una de las representantes legales de la escuela “Dame Tu Mano”, ubicada sobre la calle Constanzo 174, en cercanías a la estación de trenes de la ciudad.

En esa línea, aclaró: “La escuela especial la pagan las obras sociales, no son pagas por los papás”. “Nosotros tenemos un nomenclador nacional, que lo establece el Ministerio de Salud de la Nación, que el año pasado se fue incrementando mes a mes, este año en diciembre tuvimos el último aumento, pero ninguna novedad, y lo contrario pasa con los sueldos: todos los meses se aumentan desde la Provincia, y nosotros cada vez nos vemos peor”.

“Normalmente tardan entre 30 y 60 días para pagarte, pero ahora están tardando mucho más, así se alarga la cadena de pagos y se complica un montón”, detalló. En ese sentido, señaló en qué situación queda la institución: “Nosotros tenemos que sacar créditos para poder pagar los sueldos y mantener el comedor y la asistencia médica para los chicos, todo lo que una escuela implica”.

Por otro lado, este medio también dialogó con Emanuel Fini, representante legal de la escuela EPEN de Monte Grande, ubicada sobre la calle Pedro Reta 762, quien remarcó, al igual que Martínez, que “el nomenclador del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, que incluye a las escuelas de educación especial, no se actualiza desde diciembre de 2024. En esa ocasión, el aumento fue del 0,5%”.

En esa línea, concluyó: “El desfasaje entre los aranceles que cobramos los prestadores y la inflación es cada vez mayor. Esto hace imposible sostener los servicios debido a los altos costos fijos que implican. Muchas instituciones, directamente, se ven obligadas a cerrar porque los valores no actualizados hacen inviable cubrir los gastos operativos mínimos”.

La situación de las familias

Según explicó Mariana Martínez, representante legal de la escuela de educación especial “Dame Tu Mano” de Monte Grande, las familias de los alumnos también se ven perjudicadas frente a esta situación con las obras sociales: “No solamente se retrasa el pago de la escolaridad, sino también del transporte. Muchas veces el transporte corta el servicio, a las familias también se les cortan las prestaciones y las terapias que hacen los chicos por fuera del colegio”.

Por su parte, Emanuel Fini, representante legal de la escuela EPEN, ubicada en la misma localidad, expresó: “Muchas instituciones se ven obligadas a suspender tratamientos esenciales por falta de pago o por las trabas burocráticas impuestas para renovar certificados. A esto se suma que el gobierno está auditando y, en muchos casos, cortando las pensiones por discapacidad, dejando a muchas personas sin recursos básicos para vivir”.

El proyecto de ley

Frente al complicado panorama entre las instituciones de educación especial y las obras sociales, los prestadores se están movilizando junto a las familias con el objetivo de acompañar su reclamo.

“Consideramos fundamental la sanción del proyecto de ley de emergencia en discapacidad, que actualmente se está tratando”, explicó a El Diario Sur Emanuel Fini, representante legal de la escuela EPEN de Monte Grande.

Sobre esto último, aclaró: “El proyecto propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo es garantizar los derechos de las personas con discapacidad a un nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo”.

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