La investigación, iniciada tras múltiples denuncias ante la Justicia según informaron fuentes del caso al portal Infobae, reveló que los acusados habrían intimidado a víctimas con notas en chino, exigiendo dinero a cambio de garantizarles seguridad en sus negocios.
Los acusados les proporcionaban números telefónicos para que a través de una aplicación de mensajería popular en China coordinaran los pagos, que las víctimas habrían dado a la banda por su presunta protección.
En ese marco, la PFA logró relacionar a estos detenidos con un sicario arrestado previamente y descubrió que la organización empleaba documentos de identidad de empleados para abrir cuentas bancarias sin reconocimiento biométrico, facilitando la transferencia de dinero a billeteras virtuales. Estas ganancias luego pasaban, según la investigación judicial, a ser manejadas en cuevas financieras.
En los allanamientos que se realizaron en distintos puntos del Conurbano como Lanús, La Matanza y Marcos Paz se decomisaron 14 millones de pesos, vehículos de alta gama, armas, silenciadores, esposas, equipos de comunicación y 34 celulares que se sospecha eran usados para las extorsiones.
Los detenidos y las evidencias quedaron a disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial La Matanza, en la causa caratulada como delitos de portación ilegal de armas, abuso de armas, lesiones y extorsión.
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