El ministerio de Desarrollo Social de la Nación publicó una resolución días atrás en el Boletín Oficial que lo habilita a comprar lotes privados para suplir el déficit de vivienda. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Integración Socio Urbana, que depende de Fernanda Miño..
De esa manera, el gobierno busca 50.000 lotes nuevos -con una superficie mínima de 1 hectárea y servicios, como agua, gas, electricidad y cloacas- para que la misma cantidad de familias de sectores populares construyan su propia casa.
El gobierno ya había realizado un llamado a licitación al respecto. El mismo apunta a titulares de inmuebles de zonas urbanas, periurbanas o rurales que cuenten con una superficie mínima de una hectárea y estén en condiciones de ser transferidos por escritura o boleto de compra-venta. Los terrenos no deben contar con riesgos de inundabilidad, focos de contaminación, riesgos aluvionales, de erosión del suelo o tecnológicos como tendidos de alta y media tensión, o gasoducto. Tampoco podrán estar dentro de un área protegida o bosques nativos.
Las ofertas de terrenos inmuebles estarán abiertas al público y podrán presentarse hasta el 15 de mayo. Serán evaluadas con la participación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El déficit habitacional y la ausencia de una vivienda propia es un problema estructural latente que adquiere una faceta más grave en la población más empobrecida. Desde los años ochenta, la emergencia habitacional estalla periódicamente, por oleadas, con ocupaciones de tierras masivas en contextos de acelerado deterioro económico y social.
El Estado creará un registro de demanda de los lotes que cederá a los beneficiarios a cambio de que se comprometan a edificar su vivienda con la ayuda de materiales. Se asegura que la Secretaría solo financiará la construcción de casas a aquellas familias que deban ser relocalizadas, por ejemplo, por riesgo ambiental. Podrán inscribirse en el registro de beneficiarios los habitantes de los 4.400 barrios populares que no tengan vivienda propia.
