El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ordenó al Gobierno nacional dar marcha atrás con el cierre del programa “Volver al Trabajo” y mantener las prestaciones económicas para sus beneficiarios. Aunque rige únicamente para los litigantes, puede sentar un precedente importante en la materia.
La Justicia frenó el cierre del programa Volver al Trabajo
Un fallo judicial obliga al Gobierno a mantener el programa Volver al Trabajo tras reclamos por su cierre sin reemplazo claro.
21 de abril de 2026 - 17:35
La medida cautelar fue dictada este martes tras un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores de la economía popular. Los demandantes cuestionaron la finalización del plan sin la implementación de un mecanismo sustitutivo adecuado. Según el fallo, el Ministerio de Capital Humano deberá sostener el pago mensual de $78.000 en un plazo de tres días, hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.
Reclamo de beneficiarios del programa Volver al Trabajo
Los trabajadores argumentaron que la interrupción del programa representaba una acción arbitraria del Estado, ya que afectaba derechos económicos, sociales y culturales, en particular el acceso a ingresos de carácter alimentario. Además, señalaron que “Volver al Trabajo” constituía su principal o único ingreso en un contexto de crisis socioeconómica.
El Ministerio había anunciado el 7 de abril de 2026 el cierre del programa, con efecto desde el 9 de ese mes, y la implementación de un sistema de vouchers para capacitación. Sin embargo, según los demandantes, ese esquema no contaba con precisiones sobre su alcance ni criterios de acceso.
Qué dijo la Justicia sobre el cierre del plan
Al analizar el caso, el juez González Charvay consideró que la finalización abrupta de una prestación de carácter alimentario, sin un reemplazo equivalente, compromete derechos constitucionales.
En su resolución, el magistrado hizo hincapié en el derecho a condiciones dignas de trabajo, la seguridad social y un nivel de vida adecuado. También mencionó el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos sociales.
El fallo subrayó que el propio decreto que creó el programa reconocía su finalidad social y la obligación del Estado de proteger a los sectores más vulnerables.
El programa y su contexto
“Volver al Trabajo” fue creado en 2024 mediante el Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. El plan reemplazó al “Potenciar Trabajo” con el objetivo de promover la inserción laboral a través de capacitación.
Tenía una vigencia prevista de 24 meses y otorgaba una asignación mensual no remunerativa de $78.000, sujeta a disponibilidad presupuestaria. Para la Justicia, la interrupción de ese ingreso afecta necesidades básicas, lo que justificó una intervención urgente.
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