El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Super RIGI, un esquema que busca ofrecer mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones original para las “industrias del futuro”, esquema que está destinado a iniciativas que superen los 1.000 millones de dólares.
Llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, pretende principalmente promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones, favorecer la creación de empleo y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales.
El documento oficial aclara que se entenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, “con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, había ejemplificado con actividades tales como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.
Proyecto en el Congreso
El proyecto de ley establece un plazo de 5 años para la presentación de solicitudes de adhesión al régimen, con la posibilidad de una prórroga única de hasta un año. El texto define que sólo podrán acceder aquellos sujetos que constituyan Vehículos de Proyecto Único (VPU), diseñados exclusivamente para el desarrollo de cada emprendimiento y con activos destinados únicamente al proyecto adherido.
Cada proyecto deberá implicar una inversión mínima de 1.000 millones de dólares en activos computables, y comprometer al menos el 20% de ese monto dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión.
La ley incorpora también incentivos tributarios y aduaneros del régimen. Entre ellos, se incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias para los VPU adheridos, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

