La Justicia bonaerense confirmó una medida cautelar que limita los cambios que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) puede realizar sobre las condiciones de prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.
La Justicia bonaerense frenó la privatización de AySA y pasó a fuero federal
La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una medida cautelar que impide reducir o modificar las obligaciones de la empresa.
09 de septiembre de 2026 - 07:41
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que ratificó la medida dispuesta en primera instancia y, al mismo tiempo, determinó que la causa deberá continuar bajo la órbita de la Justicia federal.
De esta manera, AySA no podrá modificar, reducir, limitar, suspender ni alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, la protección del ambiente y la prestación adecuada del servicio mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La causa se inició a partir de una presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión de AySA firmado en mayo de 2026 y advirtió que algunas de sus disposiciones podían significar una reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios.
El planteo alcanza a los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana en los que AySA presta sus servicios. La jueza que intervino inicialmente había ordenado a la empresa abstenerse de adoptar medidas que implicaran un retroceso en las condiciones actuales de prestación. AySA apeló esa decisión, pero la Sala II rechazó el planteo y confirmó la cautelar en toda su extensión.
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Los fundamentos de la decisión
Para los jueces, la medida se encuentra justificada por el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano y por los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental.
La Cámara también tomó en cuenta la doctrina conocida como “in dubio pro natura”, según la cual, frente a una duda sobre el posible impacto ambiental de una decisión, debe priorizarse aquella alternativa que genere el menor perjuicio.
Según el fallo, un eventual deterioro de las garantías vinculadas con el servicio podría generar daños de difícil o imposible reparación posterior. Por ese motivo, la cautelar continuará vigente mientras avance el proceso judicial.
En cuanto a la competencia, los magistrados entendieron que la discusión requiere analizar el marco regulatorio nacional del servicio y que AySA mantiene una participación estatal mayoritaria, con el 90% de su capital en manos del Estado nacional. Por esa razón, resolvieron que el expediente deberá continuar en el fuero federal.
La decisión no implica, por sí misma, la anulación del proceso de privatización de AySA. Sí limita la aplicación del nuevo contrato de concesión en aquellos aspectos que puedan reducir las garantías actuales para los usuarios.
El expediente deberá continuar ahora ante la Justicia federal, en un juzgado que todavía debe ser sorteado por la Cámara Federal de La Plata.
Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa con el proceso para transferir al sector privado el 90% de las acciones de AySA. Además, extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para la presentación de propuestas para la adquisición de la compañía, con una expectativa de recaudación cercana a los 450 millones de dólares.
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El amparo que había presentado Fernando Gray
La discusión judicial sobre la privatización de AySA ya había sumado otro capítulo en agosto, cuando el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó una acción de amparo para cuestionar las condiciones previstas para la venta del 90% del paquete accionario.
Gray había advertido especialmente sobre el esquema de inversiones previsto en el pliego de la licitación. Según señaló, la futura concesionaria podría no realizar obras estructurales durante los primeros diez años, algo que, a su criterio, podía afectar la expansión de las redes de agua potable y desagües cloacales en el conurbano.
Otro de los puntos cuestionados por el intendente fue el artículo 8.9 del pliego, que contempla la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago cuando la mora supere los 60 días corridos para usuarios residenciales y los 15 días para usuarios no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura.
En su presentación, Gray también pidió que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires participara de la licitación a través de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), con el objetivo de garantizar las inversiones necesarias para ampliar la cobertura del servicio.
“Me preocupa sobremanera que, privatizada la empresa, no se hagan las inversiones necesarias para alcanzar la totalidad del área de cobertura”, había señalado el jefe comunal, al remarcar que las obras de mayor magnitud históricamente fueron realizadas por el Estado nacional.
El intendente también cuestionó que el plan de inversiones contemplado en la Resolución N.º 704/2026 resultara insuficiente para responder a las necesidades actuales de expansión de las redes y advirtió que la postergación de obras podía impactar especialmente en municipios que atraviesan un crecimiento demográfico y urbano sostenido.
El planteo de Gray se sumó así a los distintos cuestionamientos judiciales y políticos que surgieron alrededor del proceso de privatización de AySA. Ahora, con la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata, la discusión sobre las condiciones de prestación del servicio continuará en la Justicia federal.
