Tras un trimestre de idas y vueltas, la recientemente consolidada cúpula tripartita de la Confederación General del Trabajo acordó no convocar a un paro general, medida de fuerza que se encontraba en la baraja de la central sindical ante la caída del poder adquisitivo del salario en este primer año de la administración Cambiemos. Al acuerdo se llegó a través de una mediación de la que participaron los líderes de la CGT y de sindicatos que la componen, el jefe de Gabinete de Ministros más las carteras de Finanzas, Producción y Trabajo del Poder Ejecutivo, y representantes empresarios de lo que se conoce como "el grupo de los seis: la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).
Gobierno, CGT y empresarios llegaron a un acuerdo, pero el bono se define por sector
En la llamada mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, representantes del Ejecutivo y de cámaras empresariales firmaron un entendimiento para que cada sector del empleo privado negocie un bono de fin de año. La CGT desactivó el paro.
El primer anuncio tras la reunión estuvo a cargo de Marcos Peña, quien presentó el documento en el que las partes se comprometían a "abrir una discusión por sectores para otorgar a fin de año un bono con un mínimo de referencia de $2.000.- por trabajador.
Aquella primera lectura del documento no tardó en despertar apresuradas y optimistas primeras lecturas, que interpretaron que así como se reglamentó el bono a jubilados y beneficiarios de la AUH- todos los trabajadores de la esfera no estatal recibirían cuanto menos $2.000 adicionales al finalizar el mes de diciembre. Tras la euforia inicial, comenzaron las segundas lecturas, que dibujan un panorama más claro respecto del estado real de la situación.
El mismo jefe de Gabinete, apenas minutos después de anunciar la cifra teórica del bono, aclaró que lo firmado era "un documento político, no es un decreto, ni una orden judicial. Es decir que de ninguna manera obliga a ningún empleador ni a ningún sector de la economía a pagar ningún bono, de ningún monto. Es, en esencia, una apertura del diálogo general entre las esferas estatal, sindical y empresaria, a partir del cual se espera que cada rubro inicie diálogos y evalúe su situación particular. "Manifiesta el acuerdo de todos los que fueron hoy a este espacio de diálogo, agregó Marcos Peña. El Gobierno es quien se quedó con la mejor tajada, ya que se desligó de la responsabilidad de financiar el bono, a la vez que logró calmar las aguas y diluir el temido escenario de tener que enfrentar un paro general en su primer año en el poder.
Desde el lado empresario, no tardó en evidenciarse el descontento. "Veníamos acostumbrados a tener que lidiar con Moreno, pero no nos esperábamos esto de este Gobierno, expresó apenas terminada la reunión un empresario ligado a la actividad bancaria. Si bien el Ejecutivo no dictaminó la obligatoriedad de pagar un bono, la presión que ejerció para instalarlo no cayó bien, especialmente a aquellos sectores como los bancarios- a los que se les recriminó que "podían pagar inclusive más que $2.000. Apenas dos horas después del discurso de Peña, la Cámara de Comercio sentó posición y expuso el carácter testimonial del acuerdo, al anunciar que sus empleados no recibirían un bono extraordinario. Casi en simultaneo, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa anunció que debido a la caída de la rentabilidad, tampoco las Pymes estarían en condiciones de afrontar el pago a fin de año.
La posición más comprometida sea quizás la de la novel cúpula cegetista, que parece haberse desprendido demasiado temprano de su carta más fuerte. El compromiso de no adoptar medidas de fuerza resulta quizás demasiado compromiso, más conforme distintos sectores empresarios anunciaban que no habría bono en absoluto. La ausencia de Pablo Moyano en la mesa de negociación podría significar la primera grieta dentro de la reluciente unidad. El hijo del histórico dirigente de Camioneros ya se había manifestado en contra del bono de $1.000 que el Estado abonará a jubilados de la mínima y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, calificándolo de "migajas. A esta última mesa de diálogo, ni siquiera asistió.
Por ahora, el Gobierno confía en haber estirado la paz social al menos hasta diciembre, mientras espera un gesto efectivo de los empresarios para navegar a través de una economía en recesión y con la inflación por delante de los salarios, y aún sin la llegada de la balsámica lluvia inversora pronosticada.
