La senadora provincial Malena Galmarini, integrante del Frente Renovador dentro del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para prevenir, sancionar y erradicar el negacionismo vinculado al Terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983.
Buscan crear una ley contra el negacionismo de la última dictadura en la provincia de Buenos Aires
La iniciativa propone multas y capacitaciones obligatorias para prevenir expresiones que nieguen o justifiquen los crímenes de la última dictadura.
23 de junio de 2026 - 13:05
La iniciativa fue ingresada en medio de los debates sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y propone medidas educativas, administrativas y económicas destinadas a desalentar expresiones que nieguen, minimicen o justifiquen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.
Según el texto, se considerará negacionismo a toda afirmación o manifestación pública que niegue la existencia del Terrorismo de Estado, minimice su gravedad, justifique los delitos cometidos durante la represión ilegal o reivindique a personas condenadas o procesadas por crímenes de lesa humanidad.
Además, incorpora dentro de esa definición a quienes equiparen el accionar de organizaciones particulares con el terrorismo ejercido desde el aparato estatal y a quienes desacrediten los juicios por delitos de lesa humanidad o las conclusiones establecidas por las sentencias judiciales.
Proyecto contra el negacionismo: multas y sanciones
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un régimen sancionatorio dentro del ámbito provincial.
El proyecto establece multas para quienes realicen públicamente manifestaciones consideradas negacionistas. Las sanciones económicas oscilarían entre el 50% y el 100% del haber mensual correspondiente a un Oficial Subayudante de la Policía Bonaerense.
También contempla el decomiso de material propagandístico relacionado con actividades negacionistas y habilita la posibilidad de reemplazar la multa por la realización obligatoria de capacitaciones vinculadas a derechos humanos y memoria histórica.
En paralelo, prevé que los funcionarios públicos provinciales que adopten posiciones consideradas negacionistas puedan ser sometidos a procedimientos disciplinarios de acuerdo con el régimen correspondiente a cada cargo o función.
Capacitación obligatoria y cambios en las escuelas bonaerenses
La iniciativa incorpora un esquema de formación obligatoria destinado a todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial.
La capacitación alcanzaría a integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin distinción de jerarquías, e incluiría contenidos vinculados con derechos humanos, terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad y negacionismo. El incumplimiento de esta obligación podría derivar en sanciones disciplinarias.
Otro de los ejes del proyecto está vinculado al sistema educativo. La propuesta dispone que todos los establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada, incorporen contenidos específicos destinados a preservar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y a prevenir expresiones negacionistas.
Los materiales deberán adaptarse a cada nivel educativo e incluir actividades de investigación, análisis y reflexión sobre documentación histórica, sentencias judiciales y testimonios vinculados con los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Además, el texto considera una falta grave las expresiones negacionistas realizadas por docentes o autoridades educativas frente a estudiantes, quedando las eventuales sanciones bajo la órbita de la autoridad educativa correspondiente.
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Consejo Provincial contra el Negacionismo y fundamentos del proyecto
La iniciativa también impulsa la creación del Consejo Provincial contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado.
El organismo estaría integrado por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Cultura y Educación y organismos de derechos humanos.
Entre sus funciones figuran la elaboración de campañas de concientización, la promoción de actividades educativas y culturales, la recepción de consultas y denuncias, la elaboración de protocolos de intervención y el diseño de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar conductas negacionistas.
En los fundamentos, Galmarini sostiene que el negacionismo surgió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial para describir los intentos de relativizar o negar los crímenes cometidos por los regímenes nazi y fascista. También señala que países como Alemania e Italia incorporaron herramientas legales específicas para combatir esos discursos.
La senadora argumenta que en Argentina no existe una normativa orientada exclusivamente al negacionismo vinculado con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Asimismo, sostiene que los crímenes del período fueron acreditados mediante el informe de la CONADEP, el Juicio a las Juntas y numerosas sentencias dictadas por tribunales federales.
Entre las medidas propuestas figura además la creación de una base de datos pública y digital que reúna el informe "Nunca Más", la sentencia del Juicio a las Juntas y los fallos dictados en causas por delitos de lesa humanidad.
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El proyecto se presentó tras el fallo por los fusilamientos de José León Suárez
La presentación de la iniciativa coincidió con una decisión judicial conocida este lunes. A 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia concluyó el denominado Juicio por la Verdad y declaró que los crímenes cometidos tras el levantamiento del 9 de junio de 1956 constituyeron delitos de lesa humanidad.
La jueza Alicia Vence consideró acreditada la responsabilidad del Estado nacional en la planificación, ejecución y encubrimiento de los hechos ocurridos durante la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu.
El fallo sostuvo que, de encontrarse con vida, los principales responsables deberían haber sido condenados a prisión perpetua. Además, reconoció la existencia de un plan estatal que derivó en el secuestro y posterior fusilamiento de civiles, algunos de los cuales sobrevivieron a los disparos policiales.
