La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó una medida cautelar ante la Justicia para impedir que una eventual privatización de AySA implique una reducción de las obligaciones ambientales, sanitarias y de infraestructura que actualmente tiene la empresa encargada de los servicios de agua potable y saneamiento.
AySA: la Defensoría del Pueblo alertó por riesgos sanitarios ante una posible privatización
La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una cautelar para evitar que una eventual privatización de AySA reduzca obligaciones ambientales y sanitarias.
05 de junio de 2026 - 08:52
La iniciativa fue impulsada por el organismo conducido por Guido Lorenzino en el marco de las discusiones sobre una posible reconfiguración contractual de la compañía. Según advirtieron desde la Defensoría, ese escenario podría flexibilizar compromisos vinculados al mantenimiento de las redes, las obras de saneamiento y la remediación de daños ambientales acumulados durante años.
Privatización de AySA y pasivos ambientales
En la presentación judicial, la Defensoría alertó sobre la existencia de importantes pasivos ambientales que afectan a millones de usuarios en los 26 municipios bonaerenses donde opera AySA.
Entre los principales problemas señalados figuran la contaminación derivada del deterioro estructural del sistema, la vulnerabilidad hídrica y sanitaria, el déficit histórico en la cobertura de los servicios y distintos pasivos operativos que, según remarcaron, fueron reconocidos por la propia empresa.
Desde el organismo sostuvieron que cualquier proceso de privatización debe garantizar previamente la identificación y resolución de estos problemas. Según plantearon, existe el riesgo de que las obligaciones de recomposición ambiental queden relegadas frente a criterios de rentabilidad económica o reducción de costos operativos.
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La Defensoría del Pueblo pidió mantener los estándares ambientales
A través de la medida cautelar, la Defensoría solicitó que se suspenda la aplicación de cualquier medida administrativa, financiera u operativa que implique una disminución de los estándares ambientales vigentes o una reducción de los recursos destinados al mantenimiento, saneamiento y remediación.
El objetivo, indicaron, es evitar que las consecuencias ambientales y sanitarias terminen siendo trasladadas al Estado o directamente a la población.
“Estamos ante una decisión sumamente riesgosa e inconstitucional. El agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y no simples bienes comerciales que se pueden ajustar por rentabilidad financiera. No podemos permitir que bajo la excusa de una privatización se transfiera una deuda ambiental millonaria al Estado o a las personas, dejando a las y los bonaerenses expuestos a la contaminación y al abandono de obras esenciales”, afirmó Lorenzino.
Auditoría integral antes de cualquier cambio en AySA
Además de reclamar la preservación de las obligaciones actuales de la empresa, la Defensoría pidió la realización de una auditoría externa integral de carácter científico, ambiental y sanitario.
Según explicó el organismo, el objetivo es determinar con precisión el alcance de los pasivos ambientales y detectar los sitios contaminados acumulados por AySA antes de que se concrete cualquier modificación en su estructura societaria o en el contrato de concesión.
