El pedido lleva la firma de los ministros bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y está dirigido al juez de la causa, Martín Miguel Rizzo, del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas.
Según publicó Infobae, el fiscal Juan Condomí Alcorta se opone a la medida, al igual que el abogado Gervasio Pérez Pesado, representante de la firma Bellaco SA, a cargo del emprendimiento inmobiliario San Cirano, cuyas tierras fueron usurpadas.
La solicitud del gobierno provincial se realizó durante una multitudinaria audiencia con las partes involucradas que se realizó este mediodía. Rizzo deberá definir si vuelve a aceptar el pedido de posponer el desalojo del gobierno de Axel Kicillof, como ya lo hizo la semana pasada, o si ofrece una negativa y avanza con el desalojo.
Entretanto, la situación en el predio es complicada: el gobierno provincial todavía no logró destrabar la acción de grupos radicalizados que llaman a “resistir” la orden de desalojo. Por ahora, el trabajo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, instalado hace días en Guernica, solo logró que unas 200 familias abandonaran la toma de forma voluntaria.
