San Vicente |

Detuvieron a un ambulanciero de San Vicente por formar parte de la banda de Heine

La Justicia lo acusa de ser el “prestanombres” para vender lotes de un barrio privado trucho. Hay otra mujer detenida.

Un chofer ambulancia del Hospital Ramón Carrillo fue detenido la semana última, acusado de formar parte de la banda de Ariel “el Pelado” Heine, que vendía terrenos en barrios privados truchos en San Vicente.

El nuevo detenido –que se suma a otra media docena- se llama Héctor Coronel y es empleado municipal desde hace alrededor de una década. Tiene 57 años y es vecino de San Vicente. Según pudo saber El Diario Sur por parte de fuentes judiciales, la Fiscalía Descentralizada de San Vicente tiene documentación que probaría que gran parte de los lotes truchos que vendió la banda de Heine figuraban a nombre de Coronel. La causa también tiene otra detenida, una mujer conocida como Romina Quintana.

La Fiscalía investiga una causa caratulada como “asociación ilícita, estafa y hurto”, por la creación de un barrio privado trucho llamado Nuestra Tierra, ubicado en la zona de Parque Ibáñez de San Vicente, a seis cuadras del shopping Vicenter.

Según la causa penal, Heine era el líder de una banda que se habría apropiado ilegalmente de esos lotes y luego comenzó a venderlos a precios muy bajos y financiados a través de cesiones de derechos. Ofrecían los terrenos por Facebook y Mercado Libre y les prometían a los compradores que una vez que terminaran de pagar las 60 cuotas por el lote podrían escriturar. Tenían montadas oficinas comerciales en Canning y en Adrogué.

La causa penal que lleva adelante la fiscal Karina Guyot tiene como denunciantes a los vecinos que fueron víctimas de la estafa y compraron lotes en Nuestra Tierra. Habría más de 100 damnificados, muchos de ellos llegaron a construir e instalarse en el lugar. También hay otra causa en el fuero civil accionada por los dueños originales de esos terrenos, que denuncian la usurpación de Heine y uno de sus supuestos cómplices, Gastón Bayona.

Por pedido de la Fiscalía de San Vicente y con el aval del Juzgado de Garantías de Cañuelas a cargo de Martín Rizzo, ya habían sido detenidos semanas atrás Heine, que tenía prisión domiciliaria por una causa anterior, y otras cinco personas. Entre ellas estaba Lidia Pernas, supuestamente quien ejecutaba las órdenes que Heine daba desde su arresto; Pablo Varela, que sería la pareja de Pernas; Julia Cacasi y Rafael Lastra, otro matrimonio que habrían sido los primeros administradores del barrio; y Víctor Mayer, el casero.

Ahora se sumaron Coronel, que habría tenido la función de prestanombres, y Romina Quintana, que era vendedora de los lotes en las oficinas que habían montado en Canning y Adrogué, según dicen en la Justicia.

Para la Fiscalía, todas esas personas formaban parte de una asociación ilícita aparentemente liderada por Heine, a pesar de estar privado de la libertad. La causa se inició con una primera denuncia de un comprador, en diciembre de 2017. Desde entonces la Justicia acumuló pruebas que establecen que allí la banda intentó crear un barrio privado, cuando en realidad las calles son públicas. También se los imputa por hurto, por haber robado energía de Edesur para conectar a las viviendas. Semanas atrás, la empresa les cortó el servicio y los denunció.

La causa por la venta de terrenos truchos en San Vicente –que no se limitaría solo a Nuestra Tierra- cobró relevancia nacional cuando el 22 de octubre último la fiscal Betina Lacki de La Plata pidió la detención del juez de casación penal Martín Ordoqui y de algunos de sus supuestos colaboradores.

Resulta que entre las medidas de prueba que pidió la fiscal Guyot en San Vicente, se realizaron escuchas telefónicas a los supuestos estafadores. Allí se descubrió que Heine, a través de Pernas, negociaba con la Cámara de Ordoqui el beneficio de la prisión domiciliaria. Estaba preso en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, por una causa de usurpaciones de terrenos desde hacía cinco años atrás. Heine obtuvo el beneficio de volver a su casa en marzo pasado, aparentemente después de haber pagado una coima de varios miles de dólares.

Cuando la Fiscalía local y el juez Rizzo entraron en contacto con esa información, elevaron la denuncia ante la Corte Suprema Bonaerense, y luego siguió la causa la fiscal Lacki. En octubre se pidieron las detenciones de Ordoqui –que sigue libre por tener fueros-, del operador Enrique Petrullo –que ya estaba preso por la mega causa del juez Melazo- y de Eugenia Mercado, la secretaria de Ordoqui. Esa detención se efectivizó ayer, cuando Mercado salía de la casa del juez, luego de que la Justicia rechazara un pedido de eximición de prisión que había pedido su defensa.

Entre los sanvicentinos acusados por la asociación ilítica y la estafa, Heine es el más complicado, porque se le suma el delito de cohecho por supuestamente pagarle coimas al juez Ordoqui. Podría recibir de 5 a 10 años de prisión si se comprobara que era el jefe de la asociación ilítica, y entre seis meses y seis años más por las coimas. El resto de los imputados, entre tres y diez años por ser partícipes. Fuentes judiciales señalaron a El Diario Sur que la elevación a juicio oral sería el año que viene. Todos los detenidos ya fueron indagados.

En el barrio Nuestra Tierra, por estos días quedaron desiertas las garitas de seguridad y ya cortaron el alambre perimetral, por lo que se puede circular libremente por adentro, salvo en la entrada, donde el portón permanece cerrado. Son unas ocho hectáreas delimitadas por las calles Chubut, Segunda Sombra, Maipú y Amoretti.

Hay unas 20 casas construidas. Según la justicia, hasta hace pocos meses atrás, los supuestos estafadores seguían comercializando lotes y cobrando las cuotas a los compradores.

 

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