El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, visitó San Vicente el último viernes. Estuvo reunido con el intendente Mauricio Gomez y funcionarios en el Municipio, y también con la fiscal Karina Guyot en la Fiscalía Descentralizada.
La llegada de Conte Grand generó suspicacias porque se dio en la misma semana en que se conoció su denuncia contra la jueza de Paz local, Julieta Ormaechea, quien de forma preventiva fue suspendida en su cargo por 90 días por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia contra Ormaechea tomó estado público el miércoles. Se la acusa de ser una maltratadora serial con las víctimas de violencia familiar que abrevaban en su juzgado y también de quemar causas judiciales en la parrilla ubicada en el fondo de esa oficina judicial, lo que podría configurar un delito penal. La investigación fue impulsada por Conte Grand y llevada adelante por la Secretaría de Control Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
Conte Grand es un jurista que cuenta con el apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal. Su llegada a San Vicente y su reunión con los funcionarios locales se lee como un gesto de avance con la denuncia contra Ormaechea, quien tenía una pésima relación con el Municipio. La acusaban de trabar las causas por apremios contra contribuyentes deudores y también las de violencia familiar que ampara el área de Desarrollo Social. La jueza también es repudiada en otros ámbitos por sus maltratos a los abogados que litigaban en San Vicente, a los empleados y a víctimas y victimarios.
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Algunos de los interlocutores del Procurador Conte Grand confirmaron a El Diario Sur que, en las charlas, hizo hincapié en que su decisión es que el proceso judicial para destituir a la jueza de Paz avance tal como marca la ley.
Sin embargo, no se trata de una decisión unilateral. Los pasos a seguir para destituirla deben iniciarse en el Comité de Enjuiciamiento de Magistrados, que es una comisión conformada por diputados y senadores bonaerenses y miembros del poder judicial. En caso de avanzar, luego debería acordarse en una audiencia en el Senado si se le retira la investidura o si retoma su cargo. El proceso puede durar entre seis y ocho meses si los tiempos fueran acelerados.
De la reunión con Mauricio Gomez también participaron el jefe de Gabinete Federico Canto y el secretario de Gobierno Alejandro Magnetti.
