La crisis económica parece estar agudizando conflictos internos en los countries de Canning y San Vicente. La caída del poder adquisitivo de muchos de los vecinos de la región genera que los propietarios de lotes traten de reducir gastos y pongan la lupa sobre el destino de sus expensas. En ese marco, surgen cuestionamientos y acusaciones y sube la temperatura en las asambleas y en los grupos de WhatsApp de los barrios privados.
Canning: por la crisis estallan conflictos en los countries
Reclamos a los directorios por el destino de las expensas, en el marco de una caída del poder adquisitivo. El Lauquen y Terralagos, dos ejemplos en Canning.
Dos ejemplos claros de esta situación se vieron en las últimas semanas en los countries El Lauquen y Terralagos, donde surgieron corrientes de vecinos que se oponen a las administraciones actuales, impulsan auditorías para controlar los números de los fondos comunes y hasta piden cambios de autoridades.
La máxima de tensión de esta semana estuvo El Lauquen, ubicado sobre la ruta 58, dentro del distrito de San Vicente, pero inserto en el corredor verde de Canning. Allí salió a la luz un fuerte enfrentamiento entre el directorio y un grupo de vecinos que, según sus referentes, junta 160 adhesiones del total de 347 accionistas del barrio.
Desde ese sector acusan a la gestión liderada por Jorge Schettini de “múltiples irregularidades” y piden la renuncia de autoridades, que debían haber terminado su mandato en junio pero que todavía no convocaron a una asamblea por la pandemia. El conflicto sería judicializado.
Entre los integrantes de la disidencia en El Lauquen se encontrarían el economista y ex funcionario Alejandro Diz Ramos, el abogado Roberto Herrera, y el también abogado Roberto Vázquez, ex candidato a intendente de San Vicente ligado al sindicalismo y actual secretario de Producción del Municipio.
En diálogo con El Diario Sur, Schettini se refirió a los cuestionamientos del grupo opositor: “Hacen acusaciones infundadas. En el caso de hacer la renuncia, antes vamos a realizar una auditoría para que vean todas las cosas que hicimos y exigiremos que nos digan de qué se quejan, que nos fundamenten con casos concretos que evidencien que hicimos una mala administración”.
Schettini sostuvo: “En todo esto hay intereses económicos y la realidad es que ellos (por la oposición) han hecho varias convocatorias con mucha gente, lo cual no significa que estén todos de acuerdo”. Y agregó sobre la situación económica de El Lauquen: “Cuando asumimos teníamos la suma de dos expensas y media de deuda con cuenta embargada en el banco y hoy no debemos un solo peso”.
En Terralagos, de Canning, también hay un conflicto que se viene cocinando desde hace un tiempo largo, incluso en instancias judiciales, pero que parece haberse caldeado en la pandemia. Un grupo de vecinos le reclama a la administración mayor transparencia en el manejo de los fondos, la adaptación al régimen de propiedad horizontal que determina el Código Civil de la Nación y que reglamentó la Inspección General de Justicia, y la aplicación de recursos de reserva en el marco de la emergencia.
“Estamos pidiendo una auditoría y no la autorizan. Los números no cierran. Queremos que se aclaren las cuentas”, sostuvo ante El Diario Sur una propietaria. En el barrio de Canning bajó a 18 mil pesos el valor de las expensas porque la administración estaría recibiendo el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) de la Anses para pagar salarios.


