La secuencia de los trabajadores que se levantan a las cinco de la mañana para tomar un colectivo que los lleve a una estación de tren para luego llegar a una terminal y finalmente subirse a otro colectivo o al subte solo puede ocurrir en el Área Metropolitana de Buenos Aires, nuestro AMBA. En ningún otro lugar del país hay una fuerza laboral masiva que se moviliza en transportes públicos por horas y horas, cada día de la semana, dejando dinero, tiempo y salud para tratar de progresar o, en el peor de los casos, apenas subsistir. Esa gente proviene mayormente de la provincia de Buenos Aires, que, según la mayoría de las estimaciones, aporta el 40% del PBI nacional y recibe en forma de coparticipación alrededor de la mitad de lo que genera; el resto se distribuye entre las otras provincias.
El rey de los polvorines
Por Manuel Nieto (@NietoManuelOk).
Es en ese contexto que hay que entender la política de subsidios al transporte público. Se puede decir que forma parte del mismo paquete de gasto público, como los subsidios a la energía, que el Kirchnerismo alimentó de forma irresponsable durante los años de vacas gordas y nunca supo cómo limitar, como si el boom de la soja de la primera parte del siglo pudiera ser eterno (spoiler: no lo fue). Eso es cierto. Pero la política de boleto integrado (que permite pagar con descuentos los segundos y terceros viajes en el lapso de dos horas) fue diseñada e implementada durante el gobierno de Mauricio Macri. Estaba pensada justamente para favorecer a aquellos que se comen la amansadora del colectivo-tren-subte para ir a trabajar o a estudiar todos los días. Que los que tienen que entregar muchas horas de vida en viajes, por lo menos no cedan también una parte significativa de sus salarios. Y, de paso, aparece un cierto marco de equidad para subir las tarifas cuando sea necesario.
El Gobierno de Milei decidió empezar a ponerle fin a ese sistema y el gobierno Bonaerense dice que no puede hacerse cargo de reemplazar el recorte de la Nación. Axel Kicillof decidió llevar el tema hasta la Corte Suprema para pedir la restitución del subsidio, que tiene un costo estimado en 4 mil millones de pesos, con el argumento de que ya estaba contemplado en el Presupuesto 2024. “Es un ataque directo al pueblo bonaerense”, afirmó el gobernador, que insiste con la línea discursiva de que Milei “no soporta haber perdido en la provincia”, por lo que lo guía una suerte de revanchismo hacia el conurbano. También es posible que al proyecto de Kicillof le resulte conveniente que el electorado palpe en el bolsillo (y en el saldo de la SUBE) el impacto de las políticas de ajuste del modelo de La Libertad Avanza.
En cualquier caso, el transporte público es uno de los temas que pueden marcar la temperatura de la sociedad. El malestar por las deficiencias en el servicio sumado a una percepción de que se paga más de lo que corresponde puede hacer que esa masiva fuerza laboral experimente una frustración mayor a la habitual, y eventualmente la manifieste.
Para alguien que mire el panorama completo desde el Gobierno Nacional, puede ser solo uno más de los muchos factores de riesgo de enojo social. El veto al aumento de las jubilaciones, el ajuste a las universidades (que generó una marcha histórica en abril pasado), las tarifas de luz y gas, la caída de la actividad económica, el cierre de pymes… Del otro lado del mostrador está la deuda con el FMI, la brecha cambiaria, la presión para salir del cepo y la inflación. A los que tienen tendencia paranoica o a los entusiastas del club del helicóptero, en la Argentina siempre les sobran motivos para creer (o hacer creer) que estamos en un polvorín a punto de volar por los aires. Es una fantasía que habita la imaginación de muchos, y eso quedó expresado en el voto a Milei. Por eso es un gobierno que se mueve con audacia entre polvorines: porque es fruto de ellos.
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