El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó allanar las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal por un presunto vínculo con la empresa que provee comida en el penal de Ezeiza, que está bajo denuncias de entregarse en mal estado a los presos.
Ezeiza: allanaron al director del Servicio Penitenciario por posible entrega de comida en mal estado a presos
El allanamiento sobre el director del Servicio Penitenciario Federal se da por reiteradas denuncias de entrega de comida en mal estado a presos en Ezeiza.
Se trata de Fernando Julián Martínez que, según Infobae, entregó su teléfono a la Justicia, pero los analistas notaron que no había puesto a disposición el de todos los días sino un aparato viejo y en desuso. En ese sentido, los oficiales requirieron, por orden del juez, que entregue el que correspondía, aunque adujo, sorpresivamente, que lo había “extraviado” ese mismo día.
El allanamiento se ejecutó a las 11.30 de la mañana del viernes y los resultados de la investigación sobre la trazabilidad del celular “perdido” sorprendieron todavía más al juez horas después, cuando le entregaron el informe: la última señal de conexión había sido ese mismo día, una hora antes del procedimiento.
La actuación de la Justicia se dio la misma jornada que se resolvía la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2 mil personas privadas de su libertad, y que volvió a obtener la empresa Bio Limp.
Investigación desde hace mucho tiempo
La labor del juez sobre el tema se remonta hace algunos años, tras un habeas corpus que denunciaba comida en mal estado en ese penal, y falló contra la proveedora del servicio de aquel momento, la empresa Foodrush, y le prohibió volver a participar de una licitación.
En aquella ocasión los presos no querían ingerir esos alimentos y gastaban el dinero en comprar la comida en “la cantina” de la cárcel, rechazando de alguna manera el derecho a ser alimentados en prisión. El habeas duró mucho tiempo, durante el cual se hicieron reuniones, inspecciones y peritajes con ANMAT que indicaron que la comida superaba los valores máximos admitidos para el recuento de Escherichia coli, y no era apta para el consumo humano.
Villena entonces estableció un protocolo y ordenó auditar la producción de los alimentos, pero los problemas continuaron y los presos mantuvieron su reclamo por el estado de la comida. Hasta que un día del año pasado, según indicó el mismo medio, Villena fue a la cárcel y probó distintas comidas que los presos no querían ingerir. Pocas horas después lo sintió en su cuerpo y se descompuso.
San Vicente: incorporaron un tomógrafo para el Hospital Ramón Carrillo
Así el panorama, el juez de Lomas de Zamora condenó a Foodrush al castigo de no poder presentarse más para una licitación ante el Servicio Penitenciario Federal en ninguna cárcel federal del país.
En una nueva licitación ganó la empresa Bio Limp, pero empezó a ocurrir lo mismo y entonces el magistrado reabrió la causa bajo la carátula de "envenenamiento" en noviembre pasado. A partir de eso, Villena ordenó varios allanamientos en Bio Limp y comprobó que no sólo “compartía” los camiones con la empresa sancionada sino que los empleados de la cocina de una empresa habían sido los mismos que la empresa anterior y, entre toda la documentación que todavía no analizaron, hallaron por ejemplo facturas de Biolimp a Foodrush por alrededor de 150 millones de pesos.

