Un ciudadano ruso vinculado a una organización internacional dedicada a la desinformación política fue detenido en las últimas horas en Lanús, por lo que el hombre, que había ingresado al país como turista, será expulsado de la Argentina.
Lanús: detuvieron a un ciudadano ruso acusado de operar una red internacional de "fake news"
El ciudadano ruso había llegado al país a mediados de abril y fue detenido en Lanús. Se avanza en el proceso para deportarlo.
Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el detenido integraba una red que buscaba “operar, desestabilizar y atentar” contra las instituciones democráticas. La funcionaria lo definió como “una amenaza para el orden democrático”.
En un video difundido a través de redes sociales, precisó que el arresto de Dmitrii Novikov se llevó a cabo en el sur del conurbano bonaerense. Tras la detención, la Dirección Nacional de Migraciones precisó que se dispuso la cancelación de su residencia transitoria, la expulsión del país y la prohibición de reingreso con carácter permanente.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, ordenó su retención preventiva. Así, Novikov deberá esperar el proceso de expulsión privado de libertad para “garantizar la efectiva ejecución de la sanción migratoria”.
El detenido había llegado al país como turista el pasado 12 de abril desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En estos momentos se encuentra bajo custodia en la División Alcaidías.
Operativo en Lanús
Trabajaron en el operativo Migraciones, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
A principios de abril, el abogado argentino Jorge Monastersky pidió a la Justicia investigar la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional.
El documento reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.

