La Justicia federal ordenó la liberación de Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, complejo de Lomas de Zamora, al dictarle la falta de mérito en la causa que lo investigaba por presunto lavado de dinero y evasión impositiva. La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata y también alcanzó a otros imputados en el expediente.
Liberaron al “Rey de La Salada” y dictaron la falta de mérito en la causa por lavado de dinero
La feria conocida como "La Salada", ubicada en Lomas de Zamora, es uno de los mayores centros de comercio informal del país.
13 de abril de 2026 - 10:31
La decisión implica que, por el momento, no hay pruebas suficientes para procesar ni sobreseer a los acusados, por lo que la investigación continuará abierta. En el fallo, los jueces señalaron que no existe un análisis fundado que permita demostrar, al menos en esta etapa inicial del proceso, la existencia de maniobras de lavado de activos.
Además de Castillo, la resolución benefició a otros imputados, entre ellos su hijo Manuel, su mujer, y allegados vinculados al histórico socio conocido como “Quique” Antequera. Todos ellos recuperaron la libertad tras el fallo.
A pesar de la falta de mérito, la causa no quedó cerrada. La Justicia deberá continuar reuniendo pruebas para determinar si existieron delitos en torno al funcionamiento del complejo ferial, considerado uno de los mayores centros de comercio informal de la región.
La investigación de "La Salada"
La causa había sido impulsada por la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, quienes ordenaron una serie de allanamientos y detenciones en 2025 en el marco de una investigación sobre el funcionamiento de la feria La Salada. En ese operativo se realizaron más de 60 procedimientos y fueron detenidas unas 20 personas, entre ellas Castillo, su familia y allegados.
Los investigadores habían señalado la existencia de un entramado de operaciones financieras vinculadas al negocio de la feria, con ingresos millonarios en efectivo que habrían sido canalizados a través de cuentas bancarias y distintas sociedades comerciales.
Sin embargo, la Cámara cuestionó la solidez de la instrucción judicial y sostuvo que las acusaciones se basaban en afirmaciones “genéricas y vagas”, sin detallar de manera precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían producido las maniobras investigadas.
