En el marco de la presentación de la "Ley de solidaridad social y reactivación productiva" que el Gobierno enviará al Congreso Nacional, determinaron que el impuesto del 30% presentado para las compras en tarjeta al exterior también afectará a la compra de dólares para atesoramiento a nivel nacional.
El cepo fue puesto en un momento de gran ansiedad, aseguró el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la conferencia de prensa, quien aclaró que se aplicará aun dentro de las compras limitadas por el cepo cambiario de 200 dólares establecido tras las elecciones por el anterior Gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es proteger a las poquísimas divisas que tenemos, aseguró y adelantó: Nosotros mantenemos la facultad para ir modificando esta situación a medida que la economía argentina se vaya modificando en la medida que podamos ir generando divisas.
En un principio, la medida tendrá una duración de cinco periodos fiscales -al menos cinco años- desde que entre en vigencia la ley y se aplicará en todo el país.
El impuesto alcanzará tanto a la compra con tarjeta en el exterior como a la compra de divisas en moneda extranjera para atesoramiento; el cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta del adquirente destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior y servicios prestados por sujetos no residentes en el país; la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes del país; y la adquisición de servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país.
Resultan incluidas las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen, mediante compras a distancia, en moneda extranjera, añade la normativa.
En este sentido, explicaron que quedarán exceptuados del impuesto los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas. Tampoco deberán pagar este 30% los gastos que se encuentren relacionados con el desarrollo de proyectos de investigación que se desempeñen en Argentina, cualquiera sea la provincia o municipio.
