Desde las 00 horas de este viernes comenzó el aislamiento obligatorio para toda la población argentina. Sólo están autorizados a salir los trabajadores de sectores indispensables: sanidad, fuerzas de seguridad, áreas gubernamentales y miembros del circulo de producción y distribución de bienes de primera necesidad, entre otros.
El resto de ciudadanos podrá salir a comprar a comercios de cercanía, ya sea mercados o farmacias; a asistir a personas discapacitadas, ancianos o niños; o en casos de emergencia o fuerza mayor.
En su declaración ante la prensa, el presidente aseguró ayer por la noche que las medidas fueron planteadas para proteger la salud de los argentinos y reprochó que haya personas "que aún no entiendan que no se puede circular por las calles". En este marco, anunció que serán rigurosos con los controles, sancionando a quienes estén en la calle sin motivo válido.
"Aquel que no pueda explicar qué hace en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quien viola las normas. Vamos a ser inflexibles", advirtió Alberto Fenández. Es así que, para garantizar la cuarentena, desplegaron agentes de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA) en todo el país, quienes patrullarán junto a la policía local de cada zona.
En este sentido, explicaron que quienes incumplan la norma estarán incurriendo en el delito tipificado en los artículos 205 y el 239 del Código Penal. En el primero de ellos se establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
Además, podrían enfrentarse al artículo 239 que establece que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".
